La Cámara alta está evaluando este jueves las modificaciones al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa que incluye cambios para los alquileres relacionados con "desalojos exprés". Si el Senado respalda el texto modificado en Diputados, la norma se convertirá en ley, aunque su aplicación no será automática en la mayoría de las situaciones.
El enfoque del proyecto se centra en acortar los tiempos de los procesos judicativos para recuperar propiedades ante ocupaciones, falta de pago o vencimiento de contratos. La propuesta establece procedimientos sumarísimos, requiere una intimación previa para quienes alquilan viviendas y contempla intervenciones específicas si dentro del inmueble hay personas en situación de vulnerabilidad.
La iniciativa no permite a los propietarios desalojar por sí mismos. Aunque exista una deuda o un contrato vencido, el propietario deberá presentar una demanda y será un juez quien determine si corresponde ordenar el desalojo. La ejecución de esta decisión estará a cargo de la Justicia, que podrá requerir el auxilio de la fuerza pública.
Se espera que hoy el proyecto se transforme en ley. El 7 de agosto, el Senado aprobó el texto en general por 37 votos a favor y 33 en contra, pero luego, Diputados introdujo modificaciones durante su tratamiento. Por lo tanto, el debate en la Cámara alta se centra en esos cambios y en la posibilidad de que el texto se convierta en ley.
Para los inmuebles destinados a uso habitacional, se establece una instancia previa obligatoria antes del juicio. El locador debe intimar al inquilino de manera fehaciente para que pague la deuda, otorgándole un plazo mínimo de 10 días corridos desde la recepción de la notificación.
Si el inquilino no regulariza su situación dentro de ese plazo, el propietario podrá iniciar una acción de desalojo. La iniciativa contempla un trámite sumarísimo, con una discusión procesal más limitada y plazos más breves que los de los procedimientos ordinarios.
El proyecto también señala un plazo adicional de 10 días hábiles para el trámite judicial. Sin embargo, que este plazo se aplique no significa que la desocupación se produzca de forma automática. El proceso requiere una presentación judicial, la intervención de las partes y una resolución del juez competente.
La abogada Elisa Cerri explicó que la modificación impacta desde el primer reclamo formal por falta de pago. "El propietario puede intimar al inquilino a que pague y si en diez días no paga, ya le puede iniciar el juicio de desalojo", indicó.
Cerri destacó que el cambio propuesto acorta la duración de los conflictos que llegan a los tribunales y comparó la nueva duración estimada con los plazos que, según apuntó, requieren los juicios actuales. "Hoy un proceso de desalojo puede tardar de dos a cuatro años. El juicio sumarísimo, en teoría, debería durar seis meses. Creo que en la práctica va a durar de seis meses a un año, pero sigue siendo una baja significativa", afirmó.
La reforma plantea que las demandas por recuperación de inmuebles se procesen a través de un procedimiento sumarísimo. Este mecanismo busca limitar las etapas procesales y reducir los plazos de discusión, pero no elimina la participación de la Justicia.
El propietario deberá presentar la demanda tras la intimación si el inquilino no abona. Desde ese momento, un juez debe analizar el caso y decidir si corresponde el desalojo. La orden de lanzamiento solo podrá ejecutarse tras una decisión judicial.
La iniciativa también establece que, una vez dictada esa orden, la justicia será responsable de ejecutarla. Si es necesario, podrá contar con el auxilio de la fuerza pública. El propietario no podrá realizar la desocupación por sí mismo ni sustituir el trámite judicial establecido.
El proyecto contempla situaciones de falta de pago y vencimiento de contrato. Para tales casos, introduce la opción de solicitar una desocupación inmediata bajo caución juratoria, el compromiso del solicitante ante la Justicia. Esta medida será analizada por el juez que intervenga en el asunto.
Si luego se comprueba que el propietario ocultó hechos o documentos para obtener la medida, deberá pagar una multa de hasta 10 veces el monto del alquiler mensual. Esa suma irá destinada a la contraparte dentro del proceso.
"En términos generales, las modificaciones buscan reducir la incertidumbre del propietario ante incumplimientos contractuales. Habrá que evaluar en la práctica si estas herramientas logran agilizar efectivamente los procesos judiciales", comentó María Laura Canepa, directora de Lisicki, Litvin & Abelovich. Aunque señaló que el desafío será lograr procedimientos eficaces, sin afectar el derecho de defensa de los inquilinos.
El proyecto contempla una situación específica para aquellos inmuebles donde residen menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en condición de desamparo. En esos casos, el juez deberá convocar a organismos competentes para buscar una alternativa habitacional transitoria.
Las áreas que podrían intervenir incluyen el Ministerio Público Tutelar. La participación de estos organismos busca que las personas afectadas tengan una respuesta de alojamiento temporal durante el desarrollo del proceso.
El plazo máximo previsto para esta alternativa habitacional es de 10 días. La intervención de organismos públicos no paraliza el trámite de fondo ni suspende el juicio de desalojo. La demanda continuará su curso mientras se activa esta protección transitoria.
La norma diferencia entre la resolución sobre la posesión del inmueble y la asistencia requerida por quienes se encuentran en situación de desamparo. El juez deberá promover la intervención institucional, pero el proceso judicial seguirá sujeto a los plazos y decisiones correspondientes en cada expediente.
Otro aspecto central de la iniciativa es su alcance territorial. Cerri explicó que las normas procesales no se aplicarán de manera uniforme en todo el país, ya que cada jurisdicción tiene sus propios códigos de procedimiento.
"En Argentina, los códigos procesales son de aplicación local y los códigos civiles y comerciales son de aplicación nacional", afirmó. Esta diferencia determina dónde se implementarán las modificaciones que propone el proyecto para los trámites judiciales.
La reforma modifica artículos del Código Procesal y tendrá alcance sobre la Justicia nacional que opera en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las provincias mantendrán su autonomía para dictar y aplicar sus propias reglas procedimentales.
De este modo, los cambios sobre intimaciones, juicios sumarísimos y pedidos de desocupación inmediata no se trasladarán automáticamente a todos los tribunales provinciales. Cada distrito conserva la facultad de establecer las normas procesales que rigen en su jurisdicción.





