En la antesala de la competencia electoral de 2027, el Banco Central se involucra en el debate sobre el encarecimiento y la escasez de créditos para las familias. Esta situación se convierte en una variable clave que obstaculiza la recuperación del consumo en una economía que no logra despegar.
Vladimir Werning, vicepresidente del BCRA, es quien pone números a esta controversia.
El funcionario elaboró un informe para evidenciar que una parte importante de las tasas que las familias abonan se debe a la presión impositiva de las provincias y, en menor medida, de los municipios.
Este planteo posee una clara lectura política y surge en un contexto delicado: los préstamos destinados al consumo llevan seis meses consecutivos de descenso y la morosidad de las familias se mantiene en niveles altos desde hace más de un año.
Queda en el aire la interrogante de cuánto de esta problemática se explica por los impuestos y cuánto por las dificultades que enfrentan los hogares para atender sus deudas.
El Banco Central señala que los impuestos constituyen el 27,1% del costo financiero total de un préstamo personal y el 28,2% en el caso de las tarjetas de crédito.
Respecto a los préstamos personales, el BCRA calcula una tasa nominal anual del 63%, una tasa efectiva anual del 84% y un costo financiero total efectivo del 117%.
Es un costo que prácticamente multiplica por cuatro la inflación interanual.
De ese porcentaje mencionado, 32 puntos corresponden a impuestos. Los tributos provinciales representan 16,5 puntos, el IVA nacional añade 8,2 puntos y las tasas municipales alcanzan 2,4 puntos, de acuerdo a lo presentado por la autoridad monetaria.
En las tarjetas de crédito, la situación es aún más complicada para los consumidores.
Con una tasa nominal anual del 80%, el costo financiero total efectivo asciende al 163%. De este total, 46 puntos porcentuales son atribuibles a impuestos.
Los tributos provinciales aportan 17,4 puntos porcentuales, mientras que el IVA representa 8,3 puntos y las tasas municipales contribuyen con 2,5 puntos.
La conclusión del BCRA es que la presión tributaria provincial y municipal sobre la intermediación financiera se traslada al costo de los préstamos.
Werning afirma que los bancos enfrentan una carga de Ingresos Brutos y tasas municipales aproximadamente cuatro veces superior al promedio de otras actividades económicas.
Bajo esta óptica, una reducción de impuestos podría permitir abaratar el crédito sin necesidad de cambiar la política monetaria.
El mensaje hacia los gobernadores es claro: para el Banco Central, las provincias también poseen una herramienta para disminuir las tasas de interés.
La controversia se torna relevante cuando el financiamiento de las familias presenta señales persistentes de debilidad.
Según un relevamiento de Equilibra, basado en estadísticas oficiales, los préstamos destinados al consumo retrocedieron 1,1% real durante octubre, descontando la inflación y otros factores estacionales.
Se trató del sexto mes consecutivo de contracción.
El retroceso más pronunciado se observó en las tarjetas de crédito, cuyos saldos financiados cayeron 2,1% real. Los préstamos personales también disminuyeron, aunque en menor proporción, un 0,1%.
Este dato es significativo porque refleja las dificultades que enfrenta la economía para recuperar uno de sus principales motores: el consumo familiar.
La estabilidad cambiaria no fue suficiente para reactivar el financiamiento. Y a pesar de que las tasas de interés han bajado desde los momentos de mayor tensión financiera, siguen siendo elevadas para muchos consumidores.
La evolución del crédito también presenta diferencias entre segmentos.
Mientras que los préstamos hipotecarios avanzaron 2,3% real en octubre, el financiamiento para el consumo cotidiano sigue en descenso.
Para el Gobierno, esto constituye una señal incómoda: sin una recuperación de los ingresos y del crédito, es complicado visualizar una mejora sostenida en las ventas y en la actividad económica.
El diagnóstico del Banco Central abre otra discusión: el impacto de la morosidad sobre los costos que aplican las entidades financieras.
Los datos más recientes indican que el porcentaje de préstamos a familias con atrasos superiores a 90 días pasó del 12,81% en agosto al 12,20% en septiembre.
Aunque se observó una mejora mensual, la proporción de deudores con dificultades para cumplir con sus obligaciones sigue siendo elevada.
Werning, sin embargo, se enfoca en otra explicación.
Reconoce que, tras las turbulencias financieras, las tasas para las empresas se normalizaron, pero el costo de los préstamos personales permanece alto.
Su argumento es que la política monetaria no representa en la actualidad una restricción para el crédito, la demanda interna o la actividad económica.
En su interpretación, la carga tributaria se presenta como uno de los obstáculos principales para que las menores tasas de fondeo lleguen a los consumidores.
Werning sostiene que la política fiscal podría resultar más eficiente que la monetaria para reducir las tasas de los préstamos. En otras palabras, una disminución de los impuestos provinciales y municipales podría contribuir a abaratar el crédito sin cambiar las condiciones monetarias.
Este argumento coloca a los gobernadores ante una discusión incómoda, especialmente dado que las familias requieren financiamiento más accesible para mantener su consumo.





