El Gobierno modificó el Presupuesto 2026 mediante el Decreto 1391/2026, que cuenta con la firma de todo el Gabinete de Ministros. La normativa autoriza gastos adicionales por alrededor de $15,6 billones para lo que resta del ejercicio y reduce en cerca de $7,5 billones el superávit proyectado para el cierre del año.
Según el análisis de la Planilla Anexa I, de 564 folios, el aumento representa un 10,2% del crédito presupuestario que regía hasta ahora, estimado en $152,47 billones.
La inflación se presenta como la principal justificación. El presupuesto se elaboró con una pauta anual cercana al 18%, pero la variación de precios acumulada y proyectada para 2026 ya supera el 33%. Esta diferencia hizo que varias partidas quedaran cortas para cubrir salarios, jubilaciones, gastos operativos y obligaciones financieras.
En los fundamentos, el Poder Ejecutivo señala la necesidad de ajustar los créditos para que el Estado pueda continuar brindando sus prestaciones esenciales y cumplir con los compromisos asumidos. También menciona que varios organismos indicaron que los fondos asignados no eran suficientes, ya que gastaron más de lo previsto inicialmente.
Por otro lado, los recursos crecen a un ritmo inferior al del gasto. Los ingresos corrientes y de capital aumentan unos $8,1 billones, y la diferencia de casi $7,5 billones se resta del resultado fiscal. Según los cálculos sobre la ejecución presupuestaria, el superávit previsto para 2026 era de aproximadamente $26,4 billones y ahora se estima en unos $18,9 billones.
Al 16 de noviembre, el sector público acumulaba un saldo positivo cercano a los $33,2 billones. Una parte considerable del gasto adicional se concentrará en las últimas semanas del año.
El refuerzo más significativo se destina a las transferencias al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), que depende del Ministerio de Capital Humano. Este instituto recibe cerca de $10 billones, casi dos tercios de toda la ampliación, y es el área que más ha sentido el impacto del aumento de precios sobre la atención a jubilados y pensionados.
En segundo lugar se encuentra el Servicio de la Deuda Pública. La partida para el pago de intereses y comisiones suma unos $3,9 billones, dado que el costo financiero del Estado también superó lo que se había calculado.
En el sector de salud, el Hospital de Alta Complejidad del Bicentenario Esteban Echeverría, que depende del Ministerio de Salud, recibe cerca de $0,8 billones para su funcionamiento. La Gendarmería Nacional, por su parte, suma unos $0,2 billones para el programa de Investigación de Delitos Complejos y Operaciones Antidrogas.
El PAMI concentra cerca de $10 billones de la ampliación de créditos, casi dos tercios del refuerzo total.
El ajuste más fuerte se registra en la finalidad Servicios Económicos, que pierde créditos por aproximadamente $2,3 billones. Esos fondos son trasladados de programas económicos a áreas que el Gobierno considera prioritarias para concluir el año.
Los $15,6 billones adicionales no implican necesariamente que el gasto real crezca en la misma proporción, ya que en gran medida son una actualización por inflación. Sin embargo, lo que se recaudó de más en el año no fue suficiente para cubrir esa diferencia, lo que llevó al Ejecutivo a utilizar parte del superávit para afrontar los nuevos gastos. Se prevé que el ejercicio cierre con un saldo positivo cercano a los $18,9 billones, una cifra inferior a la prevista, pero aún en números positivos.







