El bloque de La Libertad Avanza (LLA) presentó en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires un proyecto con el objetivo de reemplazar Ingresos Brutos, considerado el tributo más distorsivo del sistema tributario, por un Impuesto Provincial Al Consumo Final (IPCF).
La iniciativa, impulsada por el diputado provincial Oscar Liberman, busca sustituir gradualmente el impuesto provincial que más recursos aporta a la caja provincial. “El tributo creado por la presente ley constituye un impuesto indirecto de etapa única, aplicable exclusivamente al consumo final de bienes y servicios, sin mecanismo de débito y crédito fiscal entre etapas”, indica el artículo 2 del proyecto al que accedió El Cronista.
El propósito es eliminar el efecto cascada que produce la imposición plurifásica, reducir distorsiones económicas, fomentar la competitividad y fortalecer la neutralidad tributaria.
El nuevo impuesto que reemplazaría a Ingresos Brutos se aplicará a la venta minorista de bienes muebles; a las prestaciones de servicios cuyo destinatario o beneficiario final tenga domicilio, radicación o localización económica en territorio bonaerense; a las operaciones realizadas a través de plataformas digitales; y a la importación definitiva de bienes destinados al consumo final en la provincia.
Si la Legislatura lo aprueba, el tributo tendrá una alícuota máxima del 6,25% sobre el precio neto de cada operación. Según los fundamentos, esta tasa proviene de una estimación de neutralidad recaudatoria basada en datos de 2025.
“La recaudación de Ingresos Brutos a sustituir, excluyendo la de la intermediación financiera y los seguros que mantienen ese tributo, asciende a $ 9,25 billones, y la base gravable del artículo 7º, estimada a partir del Producto Bruto Geográfico y del consumo privado neto de impuestos, a $ 151,3 billones”, detallan los fundamentos de la iniciativa.
El régimen deberá implementarse en un plazo máximo de cinco años, incorporando anualmente actividades que representen, al menos, el 20% de la recaudación de Ingresos Brutos del año anterior.
El proyecto también tiene como objetivo proteger las finanzas municipales: el nuevo impuesto se sumaría a la masa coparticipable y se establecería un Fondo de Compensación Municipal que, durante los primeros tres años, asistirá a las comunas cuya recaudación de tasas se vea afectada.
“Debe ser una de las pocas cuestiones en las que todas las fuerzas políticas coinciden, desde hace casi 40 años, en que hay que eliminarlo. No hay una discusión de posiciones: estamos todos de acuerdo. Lo que siempre se discutió era si el proceso debía ser gradual y cómo hacerlo. Mientras tanto, y a pesar del acuerdo general, lo único que se hizo fue aumentar cada vez más las alícuotas y favorecer que los intendentes lo usen como base de la Tasa de Seguridad e Higiene.
El problema no solo no se solucionó, sino que empeoró”, afirmó el diputado Liberman en diálogo con El Cronista.
Liberman resumió en tres los problemas de Ingresos Brutos que busca abordar el proyecto: el efecto cascada, que impacta en los precios y la competitividad; la imposición incluso en situaciones de pérdidas; y los pagos a cuenta mediante retenciones y percepciones, incluidos regímenes bancarios y de billeteras virtuales, que generan la acumulación de créditos fiscales.
“Nuestra propuesta es un impuesto a las ventas al estilo canadiense: no grava la producción, es monofásico, se cobra en la última etapa —la minorista— y no se paga cuando hay pérdida”, destacó.
Según Liberman, sustituir el gravamen más distorsivo del sistema tributario permitiría quitar una carga pesada a las empresas e igualar la competitividad con los productos extranjeros. “La intención de este proyecto no es desfinanciar a la provincia ni justificar su estructura de gasto. Son dos discusiones que deben abordarse por separado. Si la provincia desea seguir recaudando y manteniendo el gasto, con este impuesto (IPCF) también puede lograrlo.
Cuanto más ajuste el gasto, menor será la alícuota que necesite para este nuevo tributo”, enfatizó.
Según el artículo 9, inciso b, de la Ley de Coparticipación Federal, las provincias y los municipios no pueden aplicar “gravámenes locales análogos a los nacionales” coparticipados. Sin embargo, la norma exceptúa expresamente a Ingresos Brutos, aunque establece determinadas características que debe cumplir el tributo.
Sobre este punto, Liberman sostiene que la propuesta no busca gravar el valor agregado en cada etapa, sino tratarse de un impuesto final a las ventas.
“Son impuestos de naturaleza distinta, no hay analogía. Ojalá pudiéramos aplicar un impuesto sobre el valor agregado en cada etapa; sería lo ideal. Si mañana una provincia acordara con el Gobierno nacional un IVA provincial, con una baja del IVA nacional, yo sería el primero en retirar este proyecto, porque es mejor que un impuesto a las ventas finales. Pero no son impuestos análogos, son cosas diferentes”, afirmó.
Especialistas consultados calificaron positivamente la iniciativa, aunque señalaron que en la práctica podría representar un desafío jurídico. “Habrá que analizar cuidadosamente si el nuevo tributo puede coexistir con el IVA. El proyecto aborda expresamente esta cuestión, aunque considero que aún existe un margen de discusión jurídica”, advirtió Diego Fraga, especialista en derecho tributario.
Aun así, el experto expresó su preocupación de que una dificultad de este tipo pudiera frustrar el debate. “Durante décadas hemos reconocido los problemas de Ingresos Brutos sin encontrar una alternativa que permita superarlos. Que comiencen a presentarse propuestas concretas, con mecanismos de transición y preservación de la recaudación, es una muy buena noticia. Espero que esta iniciativa permita construir consensos que trasciendan las diferencias partidarias.
Si queremos mejorar la competitividad de nuestra economía, no podemos seguir postergando indefinidamente una reforma de esta naturaleza”, indicó.
Por su parte, otro experto consideró que una reforma como esta necesitaría coordinación entre la Nación y las provincias (reforma fiscal) y modificaciones a las normas que sustentan el sistema tributario argentino (Ley de Coparticipación Federal). “Creo que es algo muy necesario, pero de ningún modo puede hacerse mediante una iniciativa aislada de una provincia”, sostuvo.
La provincia de Buenos Aires puede reducir o eliminar Ingresos Brutos. No hay dudas de que eso es posible. Sin embargo, hay consenso entre empresarios, especialistas y algunos sectores de la política de que es necesario trabajar en conjunto para avanzar en una reducción o eliminación gradual del impuesto en cada una de las jurisdicciones.
Una de las asignaturas pendientes del país es avanzar hacia una reforma tributaria integral. Tanto el presidente Javier Milei como el ministro de Economía, Luis Caputo, han dejado en claro que, en caso de que el oficialismo sea reelegido en 2027, se impulsará una propuesta general, con la participación de provincias y municipios.
Esto se encuentra entre los principales reclamos del sector privado, que probablemente Milei busque incorporar a sus propuestas de campaña.






