La Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió este jueves su fallo en el amparo presentado por una afiliada de una conocida prepaga en relación al aumento de su cuota.
Este expediente cobró relevancia debido a que su resolución impacta en numerosos reclamos a lo largo del país.
El tribunal declaró la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del decreto de necesidad y urgencia 70/2023, que habían suprimido el control estatal sobre los precios de las cuotas de medicina prepaga. Según se supo, es la primera vez que el máximo tribunal determina la inconstitucionalidad de una parte de dicho decreto.
La decisión incluye las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. El caso llegó a la Corte a través de los recursos presentados tanto por la prepaga demandada como por el Estado Nacional, en respuesta a una sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había fallado a favor de la afiliada.
El impacto del fallo no se limita a esta causa. Según se conoció, la Corte tiene pendientes alrededor de 500 expedientes similares, en los cuales este criterio podría influir de manera directa.
Este fallo también podría incidir en las acciones que otros afiliados han iniciado en diferentes tribunales del país y en aquellos que ya pagaron aumentos y ahora podrían solicitar la devolución de esos montos.
La demanda se originó por una afiliada que, entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, vio su cuota pasar de $ 136.161,21 a $ 301.218,02, lo que representa un aumento del 110%.
En su presentación, la mujer argumentó que, si se hubiera aplicado la resolución 2577/2022 del Ministerio de Salud de la Nación, el ajuste de enero de 2024 habría sido del 6,26%. Con este argumento, solicitó la anulación de los aumentos posteriores al decreto y la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269.
En primera instancia, su petición fue rechazada. Sin embargo, la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata revocó esa decisión, declaró inconstitucionales ambos artículos y ordenó a la prepaga a limitar los aumentos al índice de precios al consumidor (IPC). Desde allí, surgieron los recursos extraordinarios que llegaron a la Corte.
Los dos artículos cuestionados anulaban una disposición de la ley 26.682 (relativa a las prepagas) y modificaban otra, que habían sometido los precios de las cuotas a la supervisión del Estado.
Con la declaración de inconstitucionalidad, la Superintendencia de Servicios de Salud, que actúa como autoridad de aplicación junto con el Ministerio de Salud, deberá nuevamente revisar las modificaciones de las cuotas y garantizar que sean razonables. También recuperará la facultad de autorizar los aumentos, que deberán fundamentarse en cambios en la estructura de costos y en un cálculo actuarial razonable de los riesgos.
Un aspecto clave que el fallo no abordó es que la Corte confirmó parcialmente la sentencia de la Cámara y revocó la parte que establecía limitar los aumentos al IPC.
Esto implica que el tribunal no estableció un tope automático vinculado a la inflación. Lo que hizo fue devolver al Estado sus competencias de control, de modo que cada incremento quedará sujeto a los criterios que establece la ley que vuelve a estar en vigencia. La Procuradora Fiscal ya había sugerido anular dicho remedio.
Para llegar a esta conclusión, los jueces recordaron su doctrina sobre los DNU, que reafirmaron en la causa “Cencosud”, resuelta el 13 de agosto de 2026. El Ejecutivo solo puede ejercitar facultades legislativas en condiciones de rigurosa excepcionalidad: cuando el Congreso no esté en condiciones de reunirse por una situación de fuerza mayor o cuando la urgencia sea tal que no admita los tiempos de una ley.
Con ese criterio, la Corte revisó los fundamentos del decreto y determinó que no ofrecían una justificación mínima. Para el tribunal, hablar de una “crisis del sistema de salud” y de la necesidad de “aumentar la competitividad del sistema” al liberar los precios de las prepagas es un planteo demasiado genérico. Tampoco se halló una relación concreta entre la emergencia económica y social invocada por el Gobierno y la decisión de despojar al Estado del control de las cuotas.
Los jueces añadieron que, dado que las facultades eliminadas eran de control y estaban en manos de organismos del propio Poder Ejecutivo, se requería una justificación aún mayor. Y enfatizaron que la mera conveniencia del Gobierno no es suficiente, ya que la Constitución no permite elegir entre pasar por el Congreso o implementar contenidos más rápidamente a través de un decreto.





