El oficialismo no logró el quórum necesario en la Cámara de Diputados, por lo que se suspendió la sesión dedicada a la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocida como Ley Malvinas. Aunque se esperaba la aprobación general, continúan las diferencias en torno a las sanciones por injerencia extranjera, lo que motivó ajustes de último momento al proyecto que promueve el asesor presidencial Santiago Caputo.
Las principales discrepancias se encuentran en el título VII, que aborda las injerencias extranjeras y actos de violencia dirigidos contra el Estado. A pesar de las modificaciones, algunos aliados consideran que las definiciones son demasiado amplias y podrían vulnerar derechos constitucionales, especialmente en relación al artículo 129, que redefine los delitos electorales.
Se proponen modificaciones a la Ley Malvinas, ajustando las sanciones por injerencia extranjera con el fin de evitar rechazos.
El nuevo texto, compartido entre los bloques que buscan dialogar, pretende limitar las conductas penadas por injerencia en los procesos electorales. Se suprimió la palabra “sabotaje” y la mención a acciones que puedan “afectar la libre formación de la voluntad política de la población”.
Asimismo, se excluye de las sanciones penales a aquellos ciudadanos que compartan o apoyen contenidos en redes sociales sin financiamiento ni instrucciones de agentes extranjeros, siempre que actúen sin conocimiento sobre la naturaleza de la campaña.
El proyecto se amplió para incluir explícitamente el espacio aéreo y ultraterrestre en la definición de aeroespacio. Sin embargo, algunas objeciones de los legisladores persisten, argumentando que la redacción sigue siendo amplia y puede poner en riesgo derechos constitucionales al ofrecer posibilidades de interpretación diversas.
El bloque de Unión por la Patria (UP) presentó un dictamen de minoría en el que cuestiona especialmente el artículo 111, que somete las inversiones de estados extranjeros o empresas que los controlen en sectores estratégicos, como energía, telecomunicaciones y minería, a la revisión del Consejo de Asuntos Estratégicos. Desde UP advierten que esta disposición podría afectar la autonomía de las provincias al requerir permisos para licitar servicios con compañías como Huawei o Cofco.
El peronismo, por su parte, se opone al régimen de Desistimiento y Regularización, argumentando que posibilita a las empresas que incurren en infracciones eludir sanciones económicas y multas establecidas en la ley.





