El Senado de la Nación aprobó este jueves por unanimidad la nueva Ley de Discapacidad, con 71 votos a favor y sin rechazos, lo que representa un hecho poco habitual en la dinámica del Congreso. Esta normativa otorga carácter permanente al esquema de prestaciones, pensiones y actualización de aranceles que hasta ahora estaba regido por la emergencia que expira el próximo 31 de diciembre.
La norma, conocida como Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, tiene un contenido similar a la Ley 27.793, que fue sancionada el año anterior y vetada por el presidente Javier Milei. Sin embargo, esta última fue ratificada por insistencia parlamentaria de ambas cámaras. Ante la inminencia del vencimiento de la emergencia, tanto el oficialismo como la oposición acordaron un texto que garantiza la continuidad de las coberturas.
Durante el debate, Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, destacó el consenso alcanzado: “Hoy no estamos votando simplemente una ley: estamos votando un acuerdo social y un acuerdo político. Estamos saliendo de una emergencia para generar transparencia, previsibilidad y estabilidad en todas las familias que estuvieron durante dos años en una situación de disputa”.
A pesar de que hubo un voto unánime a favor, diferentes bloques opositores señalaron que la aplicación efectiva de la norma dependerá de la asignación de recursos adecuados en el Presupuesto 2027, que comenzará a ser tratado en la Cámara de Diputados la próxima semana.
La senadora radical mendocina, Mariana Juri, subrayó la importancia de mantener la vigilancia legislativa sobre los fondos, advirtiendo que “deberíamos estar atentos a que el presupuesto tenga previsto estos fondos, es muy importante. No nos conformemos hoy con sancionar la ley. No nos distraigamos”.
Desde el bloque del peronismo, los senadores Pablo Bensusán, de La Pampa, y Lucía Corpacci, de Catamarca, coincidieron en que aunque la sanción impide que las personas con discapacidad queden desprotegidas en enero, el gobierno debe asegurar las partidas necesarias y acelerar el pago de deudas acumuladas con los prestadores.
El texto que se convirtió en ley establece un marco estable para beneficiarios y prestadores de todo el país. Entre sus disposiciones se encuentran:
Pensiones y compatibilidad laboral: se mantiene la pensión no contributiva por discapacidad, equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio para quienes tienen el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Esta ley permite conservar el beneficio, aun si la persona (siempre que sus ingresos no superen los dos salarios mínimos vitales y móviles) tiene un empleo formal o está inscripta en el monotributo.
Nomenclador único y actualización por inflación: se reafirma el principio del nomenclador universal de prestaciones con arancel unificado y se ratifica la actualización automática y periódica de acuerdo con el índice de movilidad jubilatoria, vinculado al IPC.
Cobertura médica garantizada: se asegura el acceso a las prestaciones básicas del programa federal Incluir Salud para todos los titulares de pensiones por discapacidad o invalidez laboral.
Deuda con prestadores y reglamentación: se incluye una cláusula transitoria que obliga al Poder Ejecutivo a presentar, en un plazo de 30 días, un cronograma para regularizar las compensaciones adeudadas a transportistas y centros terapéuticos, con un tiempo máximo de 90 días para saldar esos pagos.
Blindaje presupuestario y auditorías: se establece que las partidas del Ministerio de Salud destinadas al área no podrán disminuir en términos reales respecto del año anterior, con opción a refuerzos del Tesoro. Además, se crea un sistema de auditorías periódicas a través del cruce de datos entre ANSES, ARCA, Renaper y SINTyS, lo que permitirá suspensiones preventivas ante irregularidades comprobadas bajo un esquema de “debido proceso inclusivo.”





