El Senado aprobó hoy una nueva ley de discapacidad que pone fin a la emergencia en el área, la cual vence a fin de año. La iniciativa logró 71 votos a favor y ninguno en contra, y conserva la mayoría de los elementos del sistema actual que el Gobierno tuvo que conceder a la oposición en Diputados, como la pensión no contributiva, su ajuste por inflación, el nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado, entre otros aspectos.
"La única forma de salir de la emergencia es con reglas estables, generando previsibilidad. Si una situación -de ese tipo- se prorroga, genera incertidumbre a los beneficiarios y prestadores", expresó el libertario y presidente de la comisión de Presupuesto, Agustín Monteverde (Capital Federal), quien actuó como miembro informante.
"No es un proyecto de un solo sector", intentó justificar el porteño para disimular lo sucedido en la Cámara baja y que, de manera inusual, el Ejecutivo buscó modificar días atrás en el Senado, antes de que se dictaminara el texto.
"Era imprescindible por el vencimiento, pero no quiere decir que no falten cosas por hacer", respondió la opositora y presidenta de la comisión de Población y Desarrollo Humano, Alicia Kirchner (Santa Cruz), quien expresó su "preocupación" por la implementación de las decisiones a través de oficinas de la ANSeS. En este sentido, indicó que hoy hay "427 centros para todo el país" y advirtió: "No creo que tengan la capacidad operativa. En la provincia de Buenos Aires está el 42,9% de ellos".
Desde Convicción Federal, el ahora ex kirchnerista Guillermo Andrada (Catamarca), un médico siempre atento a los presupuestos y costos fiscales, mencionó a la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) y un gasto estimado de $600.000 millones para el presente año, mientras que Monteverde citó al mismo organismo y afirmó que serían 1,2 billones de pesos para 2027.
El texto consensuado establece pensiones equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio y el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como principal vía para acceder a dicho beneficio, con un nomenclador universal de prestaciones y arancel unificado.
Por pedido de los aliados en Diputados, se mantuvo la compatibilidad entre la pensión y el empleo formal, permitiendo que las personas con CUD conserven la pensión si están registradas laboralmente o inscriptas en regímenes tributarios, siempre que sus ingresos no superen dos salarios mínimos vitales y móviles.
También se asegura que tanto las personas titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral como por discapacidad tengan acceso a un mecanismo de salud con las prestaciones básicas de la ley 24.901 (Programa Incluir Salud). Además, para evitar futuros vetos o cuestionamientos por parte del oficialismo, se detallan partidas presupuestarias específicas del Ministerio de Salud para financiar el sistema y se prevén compensaciones desde el Tesoro si estas resultan insuficientes.
Asimismo, se aclara que el Gobierno deberá garantizar que el ingreso por beneficiario no pierda poder adquisitivo respecto del año anterior.
En otro segmento de la norma aprobada se incorporan mecanismos de control más rigurosos. Por ejemplo, la Secretaría Nacional de Discapacidad llevará a cabo auditorías periódicas mediante el cruce de datos con organismos como ANSeS, ARCA, Renaper y el SINTyS, con la posibilidad de suspender de forma preventiva un beneficio ante un incumplimiento objetivo, aunque bajo un "debido proceso inclusivo" que contempla notificación y rehabilitación provisoria.
La radical Mariana Juri (Mendoza) dejó claro que los problemas de financiamiento mencionados por kirchneristas no fueron "solamente desde el inicio de este gobierno". "Se han ido perdiendo paulatinamente las partidas, si analizamos los presupuestos de años anteriores", aseveró la experimentada legisladora.
Al finalizar su intervención, Juri destacó: "Deberíamos estar atentos a que el Presupuesto -2027, aún en Diputados- tenga previstos estos fondos, es muy importante. No nos conformemos hoy con sancionar la ley. No nos distraigamos". Seguido de ella, su colega bonaerense Maximiliano Abad apuntó a que la "operatividad" no lleve a los beneficiarios a terminar en la justicia.
Otra sección relevante del articulado establece que, si quedan deudas pendientes con prestadores al momento de la sanción de la ley, el Poder Ejecutivo deberá difundir un cronograma de pagos dentro de los 30 días y solventar los mismos dentro de los 90 días. En este aspecto, alertó el peronista pampeano Pablo Bensusán, quien además enfatizó la necesidad de monitorear las próximas auditorías.
Durante el debate, hizo uso de la palabra la libertaria y presidenta de la comisión de Salud, Ivanna Arrascaeta (San Luis), quien declaró: "La discapacidad no tiene color político. Podemos seguir de emergencia en emergencia o podemos construir un sistema que funcione de forma permanente, con reglas que las familias reconozcan, recursos asignados y controles que den confianza".
"La dignidad de una persona con discapacidad y la de su familia no pueden estar atadas a una emergencia que vence el 31 de diciembre. La esperanza no puede tener fecha de vencimiento", expuso el jefe del PRO, Martín Goerling (Misiones).
Goerling subrayó que en su provincia hay cerca del 6% de habitantes que cobra, según datos oficiales, la pensión por invalidez. Más del doble del promedio nacional. También criticó al Frente Renovador que ha manejado el poder local durante décadas, calificando su estructura como "clientelar" y citando como ejemplo un municipio con un 19% de certificados, siete veces más que la media del país. Vergonzoso.
Desde el kirchnerismo, Juliana di Tullio (Buenos Aires) aseguró que el mileísmo, desde que comenzó su gestión, incluyó auditoría al 91% del total y que solo suspendió 141. "Dejen de decir que las personas con discapacidad mienten", bramó. También observó que se les "deben casi 80.000 palos -en referencia a millones de pesos- a los prestadores". Concluyó: "Es un estado inútil o cruel. O ambas cosas".
La última intervención fue de la líder libertaria, Patricia Bullrich (Ciudad de Buenos Aires). "Sin duda que detrás de esta ley hay familias que han tenido situaciones difíciles, pero ha habido situaciones de falsedad", expresó.
Bullrich hizo hincapié en el "acuerdo político y social", y afirmó: "Todos hablan del Papa -León XIV-, pero nadie puede desarmar la violencia en el discurso". La porteña apuntó a condiciones "mucho más adecuadas de las votadas en emergencias y parches", y admitió que "ambas partes tenían una parte de la verdad".
Finalmente, el plenario aprobó el pliego que promueve el ascenso del general de brigada Sebastián Ignacio Ibáñez, cuestionado por su cercanía a los hermanos Milei, quien recientemente asumió el control de la Quinta de Olivos. La votación terminó con 59 votos a favor, tres en contra -los ahora ex kirchneristas de Convicción Federal Guillermo Andrada, Sandra Mendoza y Carolina Moisés- y la abstención de la salteña Flavia Royón.





