El Senado aprobó el proyecto de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, que modifica los criterios de acceso a las pensiones no contributivas, establece nuevas normas para compatibilizar estos beneficios con el empleo y fija mecanismos para la actualización y financiamiento de las prestaciones en el sector.
La ley busca sustituir el esquema de emergencia por un régimen permanente, incluyendo nuevas exigencias para los beneficiarios y controles periódicos dentro del sistema.
La sanción final se dio en un marco de debate por la próxima expiración de la Ley de Emergencia en Discapacidad 27.793, que vence el 31 de diciembre de 2026. Con esta nueva normativa, el Gobierno dispondrá de un marco regulatorio para mantener las pensiones y prestaciones, aunque con condiciones específicas para acceder a estos beneficios y mantenerlos.
Uno de los aspectos centrales es que las pensiones no contributivas por discapacidad se continuarán otorgando en un monto equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, actualizándose de acuerdo a la movilidad previsional. Así, se garantiza una prestación económica para quienes no cuentan con cobertura previsional y cumplen con los requisitos establecidos.
Sin embargo, la nueva ley también establece condiciones específicas para acceder a una pensión. Los solicitantes deberán presentar el Documento Nacional de Identidad y demostrar el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Además, deberán ser argentinos nativos, por opción o naturalizados. Para las personas extranjeras, se requerirá una residencia legal mínima de al menos cinco años antes de realizar la solicitud.
Otro de los requisitos es no tener ingresos netos iguales o superiores a dos salarios mínimos, vitales y móviles, con el cálculo realizado sobre los ingresos individuales y no sobre el grupo familiar. También, los solicitantes no podrán recibir otra jubilación, retiro o pensión, ya sea contributiva o no contributiva, ni la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad o la asignación familiar correspondiente.
La normativa incluirá una evaluación socioeconómica que determinará la elegibilidad para el beneficio. Aquellos que sean propietarios de una vivienda deberán acreditar que es su única residencia familiar. Las pensiones por invalidez laboral seguirán bajo los criterios específicos de ese régimen.
Uno de los cambios más significativos es la posibilidad de compatibilizar el cobro de una pensión con el trabajo registrado. Según la nueva ley, las personas con discapacidad podrán acceder al empleo formal o inscribirse en el monotributo sin perder automáticamente la prestación, siempre que sus ingresos individuales se mantengan por debajo de dos salarios mínimos. Si superan ese límite, la pensión será suspendida mientras esa situación persista.
El texto también establece un mecanismo para recuperar el beneficio. Cuando finalice la relación laboral o los ingresos vuelvan a estar por debajo del tope establecido, el titular podrá solicitar la rehabilitación de la pensión, que tendrá vigencia desde la fecha de la solicitud, sin recuperar automáticamente los pagos durante el período de suspensión.
Asimismo, la ley contempla un sistema de auditorías periódicas para verificar que los beneficiarios mantengan las condiciones requeridas. La Secretaría Nacional de Discapacidad, que depende del Ministerio de Salud, podrá cruzar información con diversas entidades como ANSES, ARCA, la Secretaría de Trabajo, el Registro Nacional de las Personas y el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social.
Estos controles deberán seguir un procedimiento de notificación. Si se detecta un posible incumplimiento, el organismo deberá informar las razones y otorgar un plazo para que la persona presente su defensa. Una vez concluido ese plazo, podrá decidir la suspensión preventiva de la prestación. El mecanismo establece controles sobre el padrón y también permite la defensa de los beneficiarios.
En cuanto a la salud, la norma garantiza la cobertura médica para quienes perciben pensiones por discapacidad o invalidez laboral. Esto se asegurará a través de Incluir Salud o el programa que lo reemplace, con las prestaciones básicas que contempla la Ley 24.901. El Certificado Único de Discapacidad seguirá siendo fundamental para certificar la condición y acceder a los beneficios correspondientes.
Otro aspecto importante está relacionado con los prestadores. La ley mantiene el nomenclador único y establece que los aranceles de las prestaciones se actualizarán de manera automática y periódica, tomando como referencia el índice de movilidad jubilatoria. Esta decisión apunta a evitar que los costos de los servicios queden desactualizados y a mantener un sistema común de pagos.
También se incluyó un mecanismo para regularizar las compensaciones adeudadas a los prestadores. El Poder Ejecutivo deberá establecer un cronograma de pago en un plazo de 30 días después de la sanción de la ley y completar los pagos en un plazo de 90 días, según lo previsto en el proyecto.
Para financiar el nuevo régimen, se cubrirá inicialmente con partidas del Ministerio de Salud. Si esos recursos resultan insuficientes, se podrán utilizar compensaciones de la Jurisdicción 91, que corresponde a las Obligaciones a Cargo del Tesoro. Además, se establece una garantía presupuestaria para asegurar que los recursos destinados a esta área no sean inferiores, en términos reales, a los del ejercicio anterior.





