El Senado aprobó este jueves por unanimidad la Ley de Discapacidad. En Diputados, la iniciativa había sido aprobada por 237 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones. Las claves son cuatro. La pensión no contributiva por discapacidad se mantiene en el 70% de la jubilación mínima y se requiere el CUD para acceder. Esta pensión es compatible con un empleo formal o con el monotributo, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos.
La Secretaría Nacional de Discapacidad llevará a cabo auditorías periódicas cruzando datos con ANSES, ARCA y ReNaPer, entre otros organismos. Además, el Gobierno tiene un plazo de 90 días para saldar las deudas pendientes con los prestadores. A diferencia de la emergencia que expira el 31 de diciembre, el nuevo texto no tiene fecha de vencimiento.
El primer artículo establece que el objetivo de la ley es “superar la situación de emergencia” y fortalecer de manera permanente las políticas dirigidas a las personas con discapacidad. Este texto es de orden público y rige en todo el país. La emergencia, aprobada por el Congreso en 2025 tras rechazar el veto del presidente Javier Milei, vence el 31 de diciembre.
Este proyecto deroga tres artículos de dicha ley y ratifica otras disposiciones, como el artículo que la emergencia incorporó a la Ley 24.901 de prestaciones básicas y la ley de empleo protegido para personas con discapacidad.
La pensión no contributiva por discapacidad se mantiene fijada en el 70% del haber mínimo jubilatorio y se actualizará conforme a las reglas previsionales vigentes. La ley no especifica un aumento concreto. Para su cobro, es necesario poseer el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y acreditar identidad, edad y nacionalidad mediante el DNI. Los extranjeros deben demostrar cinco años de residencia legal continua en el país para solicitar el beneficio.
No se permitirán ingresos netos iguales o superiores a dos salarios mínimos, considerando solo los ingresos de la persona solicitante, no del grupo familiar. Asimismo, no se permite cobrar otra jubilación, retiro o pensión, ni la asignación universal o la asignación familiar por hijo con discapacidad. También se debe aprobar una evaluación socioeconómica, cuyos criterios serán establecidos por la reglamentación junto con el Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS).
Si el solicitante es propietario de una vivienda, deberá demostrar que es su única residencia familiar. Las pensiones por invalidez laboral mantendrán sus requisitos propios.
Uno de los aspectos centrales es que la pensión seguirá siendo compatible con el trabajo. Las personas con CUD podrán desempeñarse en un empleo formal o estar registradas en el monotributo o en el régimen general sin perder la pensión, siempre que sus ingresos no superen dos salarios mínimos. Si estos ingresos se superan, la pensión se suspenderá automáticamente durante ese período.
En caso de que el trabajo finalice o los ingresos bajen del límite, la persona podrá solicitar la rehabilitación inmediata y reanudará el cobro desde la fecha del pedido.
Los titulares de pensiones por discapacidad y por invalidez laboral tendrán acceso a un programa de atención médica que cubra las prestaciones básicas de la Ley 24.901. Además, el proyecto obliga a las instituciones que atienden a personas con discapacidad dentro de ese sistema a capacitar a su personal en derechos, para asegurar una atención “no discriminatoria, sensible, respetuosa y accesible”.
Para los empleadores, se mantendrá el beneficio existente para quienes contratan de manera indefinida a trabajadores con discapacidad.
Con la nueva ley se establece un sistema de auditorías periódicas, que estará a cargo de la Secretaría Nacional de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Salud. Para verificar los requisitos, la Secretaría cruzará datos con ANSES, la Secretaría de Trabajo, ARCA, el SINTyS y el ReNaPer, y queda exceptuada del secreto fiscal para tal fin. En caso de detectar un incumplimiento, deberá notificar al titular y otorgarle un plazo para presentar un descargo.
Al finalizar ese plazo, podrá suspender la pensión de manera preventiva. Si el beneficiario considera que no ha incumplido, podrá solicitar la rehabilitación de forma inmediata y provisional hasta resolver el caso.
Los gastos se financiarán con partidas del Ministerio de Salud destinadas a pensiones, atención médica y prevención. Si esos fondos no son suficientes, la diferencia será cubierta con recursos del Tesoro. La ley estipula que las leyes de presupuesto deben asegurar un crédito adecuado y que la compensación por beneficiario no puede ser inferior, en términos reales, al monto del año anterior. La Jefatura de Gabinete tiene la potestad de reasignar fondos para evitar interrupciones en las prestaciones.
El texto también incluye una cláusula para abonar las compensaciones que la emergencia había prometido a los prestadores y que aún están pendientes. La Secretaría de Discapacidad deberá notificar y publicar un cronograma de pagos dentro de los 30 días corridos desde la entrada en vigencia de la ley, y la cancelación total debe realizarse en un plazo de 90 días para aquellos que hayan completado el trámite. La norma aclara que el cese de la emergencia no afectará este derecho.
Por otra parte, el Ministerio de Salud tendrá la obligación de publicar periódicamente información sobre los gastos en estos programas, los valores de los aranceles de las prestaciones básicas, y la cantidad de pensiones otorgadas junto con sus montos. El Poder Ejecutivo deberá definir la autoridad de aplicación y tendrá 30 días hábiles para reglamentar la ley. Esta norma entrará en vigencia el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial.





