El gobierno de Javier Milei logró la aprobación en el Senado de la ley que adhiere al Tratado de Cooperación en Patentes (PCT, por su sigla en inglés), marcando un triunfo político significativo tras 28 años de espera, al mismo tiempo que envió una señal concreta de alineamiento hacia Estados Unidos, que había solicitado la aprobación de esta normativa.
La iniciativa, que recibió 47 votos a favor y 22 en contra tras un breve debate, establece que una vez registrada una patente en Argentina, tendrá validez por 20 años en los otros 158 países que forman parte del PCT. Esto beneficiará principalmente a los desarrollos científicos e industriales.
El Tratado no establece una patente mundial, sino que crea un procedimiento internacional que facilita la presentación y tramitación de solicitudes de patentes. Desde el oficialismo se argumenta que el PCT permitirá a las empresas argentinas de innovación y al CONICET proyectarse en el ámbito internacional. La oposición, sin embargo, alerta que esta adhesión podría perjudicar a la industria de medicamentos genéricos.
Para el gobierno de Milei, la importancia de esta ley radica en que formaba parte de los compromisos del acuerdo comercial con EE.UU. firmado en febrero de este año. Ese acuerdo aún no ha comenzado y uno de los problemas que enfrentó fue la demora en la aprobación de esta adhesión al PCT.
Cabe aclarar que esta demora no fue responsabilidad de Milei, ya que el proyecto fue aprobado por el Senado en 1998 pero nunca fue tratado en Diputados. El Gobierno reactivó el tema tras la firma del acuerdo comercial y la Cámara baja finalmente lo aprobó el 27 de agosto pasado, aunque con una modificación impulsada por los laboratorios locales que llevó a que el proyecto regresara al Senado para una segunda revisión.
Si bien la adhesión al PCT afecta a todos los productos e innovaciones en el campo científico e industrial, la discusión política en Argentina se centró en el sector de laboratorios farmacéuticos.
El enfoque estratégico que Milei otorga a la relación con EE.UU. y, en particular, con Trump, fue el principal motivo para que el oficialismo volviera a poner el tema sobre la mesa en el Congreso. En este escenario de alineamiento, Washington instó a Argentina a adherir al PCT, mientras que los laboratorios locales realizaron su propio cabildeo en contra.
El regreso del proyecto a la agenda del Congreso intensificó este lobby cruzado. Desde el inicio, los laboratorios agrupados en CILFA se manifestaron en contra, argumentando que la adhesión al PCT encarecería los medicamentos producidos localmente e interrumpiría el ingreso de genéricos al mercado.
Sin embargo, un trasfondo de esta presión para frenar o modificar el proyecto era que la no adhesión de Argentina al PCT permitía a algunos laboratorios replicar las fórmulas internacionales y patentarlos localmente.
El gobierno de EE.UU. y sus laboratorios también presionaron al respecto. En agosto, el embajador en Argentina, Peter Lamelas, exigió una rápida aprobación para adherir al PCT, asegurando que esta medida podría atraer inversiones por u$s 8.000 millones en los próximos seis años. Esto también impulsó al gobierno de Milei a avanzar con el proyecto.
A pesar de esto, la presión de los laboratorios locales fue más efectiva, logrando que Diputados excluyera del proyecto la adhesión al capítulo del Tratado que establece la validez automática de los dictámenes de patentabilidad de agencias extranjeras. No obstante, el embajador de EE.UU. continuó exigiendo la sanción final de la ley.
Tras la aprobación en Diputados, que devolvió el proyecto al Senado, surgió un nuevo factor: la derrota de Trump en las elecciones de medio término. Esto aumentó la relevancia de la adhesión al PCT para Milei, dado que esta situación generó dudas sobre si Washington podría seguir asistiendo financieramente al Gobierno en caso de que las elecciones nacionales de 2027 provocaran otra corrida al dólar.
La derrota de Trump ante los Demócratas, muy críticos de la asistencia de u$s 20.000 millones a Argentina, obligó al gobierno de Milei a manifestar un alineamiento más claro con EE.UU., no solo hacia el presidente de turno sino también hacia todo el espectro político estadounidense. Esta demostración se concretó con la aprobación en el Senado del proyecto que había estado demorado, a pesar de la modificación solicitada por la industria farmacéutica local.
Para finalmente sancionar la ley de adhesión al PCT, el oficialismo en el Senado debió aceptar la modificación realizada en Diputados, que aprobó la iniciativa con 147 votos a favor y 93 en contra. Para alcanzar esa cifra, se cedió a las demandas de la industria farmacéutica local incorporando una "reserva" del Capítulo II del PCT.
Este capítulo establece un procedimiento de Examen Preliminar Internacional, un informe no vinculante sobre patentabilidad emitido por agencias extranjeras antes del ingreso de la solicitud a las oficinas nacionales competentes. Con esta modificación, Argentina no quedaría obligada por ese capítulo.
La "reserva" que realizó Diputados asegura que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) conserva la potestad para realizar el examen y evaluación de patentabilidad de las solicitudes conforme a la legislación nacional, sin estar sometido a exámenes preliminares de agencias extranjeras.
Esto fue promovido por laboratorios agrupados en CILFA para evitar una práctica denominada "evergreening", que permite la extensión indefinida de los monopolios sobre las patentes mediante modificaciones menores en los principios activos de los medicamentos.
La aprobación de la ley de adhesión, tal como llegó de Diputados, indica que Argentina sí adhiere al Capítulo I del PCT. Este capítulo permite a innovadores y empresas nacionales presentar una única solicitud en su idioma ante la oficina local y recibir un informe internacional que anticipa si tienen realmente posibilidades de obtener la patente, con un plazo de hasta 30 meses para decidir en qué países gestionar la protección.
La discusión en el recinto se centró en la relación entre Milei y el gobierno de Donald Trump, así como en el impacto de la nueva ley en la industria farmacéutica de ambos países. Aunque hubo pocos oradores, sus definiciones fueron contundentes.
José Mayans, jefe del bloque Justicialista, fue uno de los más críticos. El formoseño aseguró que el Tratado busca en esencia "proteger los intereses de la industria farmacéutica de los Estados Unidos" y afirmó: "Esto perjudicará nuestra industria de medicamentos genéricos. Vamos a pagar un 40% más por los medicamentos".
La respuesta llegó de Francisco Paoltroni, senador libertario, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores que trató el proyecto y rival político de Mayans y del gobernador Gildo Insfrán en Formosa. "Es una desinformación", acuso el oficialismo durante el cierre del debate.
"Esto no es un tratado de libre comercio, es un tratado de cooperación en patentes. No es solo de EE.UU., es un tratado internacional al que ya adhirieron 158 países, creado en 1970 y que en esta Cámara, durante el gobierno menemista al que adhirió el senador Mayans y Gildo Insfrán, tuvo media sanción", concluyó Paoltroni.





