La Corte Suprema de Justicia de la Nación instruyó al Poder Ejecutivo Nacional para que haga pública la información sobre los resultados de todos los establecimientos educativos o instituciones de la provincia de Salta que tomaron parte de los Operativos Aprender y Enseñar 2016 y 2017.
"La información pertenece a las personas: no es propiedad estatal y el acceso a ella no se debe a una gracia o favor del gobierno", afirmó el máximo tribunal al aceptar la acción de amparo de un ciudadano que solicitaba esos datos. El fallo fue suscripto por los jueces Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, junto a los conjueces Carlos Vallefín (La Plata) y Juan Perozziello Vizier (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la Capital Federal).
En disidencia, Carlos Rosenkrantz votó por rechazar la solicitud. En el año 2019, Rafael Aurelio Argañaraz Olivero presentó una acción de amparo para acceder a la información pública contra el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación. Solicitó la entrega de "la totalidad de los Reportes de Resultado correspondientes a todos los Establecimientos Educativos o Instituciones de la Provincia de Salta que hayan participado de los Operativos Aprender y Enseñar 2016 y 2017".
También pidió la documentación al considerar que era información pública, pero la Secretaría de Evaluación Educativa respondió que no podía entregarla debido a que se trataba de información obtenida con carácter confidencial y le ofreció resultados desagregados hasta el nivel municipal. El Estado Nacional se opuso a la demanda, insistiendo en la confidencialidad de la información para proteger los derechos de estudiantes, docentes y directivos.
El Estado argumentó que esos datos podían ser utilizados para elaborar un ranking de escuelas y establecimientos, "no solo por los resultados de la evaluación sino también por la condición de migrantes, indígenas, pobres y analfabetos" de los alumnos o sus familias, lo que podría llevar a estigmatización. Además, sostuvo que la divulgación obstaculizaría una investigación sobre estadísticas. En primera instancia, se rechazó el amparo.
La Cámara Federal de Salta revocó dicha sentencia y ordenó al Ministerio proporcionar los resultados, sin excepciones, garantizando que no se revelaran datos particulares de los alumnos o docentes.
El Estado apeló y la Corte reafirmó que debía entregar la información solicitada. En el voto mayoritario, la Corte indicó que "no puede olvidarse que el fundamento central del acceso a la información en poder estatal consiste en el derecho que tiene toda persona de conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan".
Los operativos "Aprender" y "Enseñar", continuó la Corte, "no son una gracia o favor del gobierno hacia la comunidad" sino que "reflejan la implementación de un mandato expreso contenido en normas constitucionales y legales". "Hacer pública la información requerida apunta a efectivizar la 'igualdad real de oportunidades' antes que a estigmatizar alumnos y docentes", afirmó la sentencia.
Asimismo, añadió que la desagregación por establecimiento "persigue un interés público de particular trascendencia, cuyo control democrático parece ineludible" y permite verificar cómo el Estado cumple con los mandatos constitucionales en materia educativa.
Además, "acceder a sus resultados permitiría comprobar que el Estado Nacional ha cumplido con su deber de garantizar, efectivamente, el derecho constitucional de los pueblos originarios a acceder a una educación bilingüe e intercultural" y que ha dado cumplimiento al mandato de "asegurar las condiciones materiales y culturales para lograr aprendizajes comunes de buena calidad, con independencia del origen social, radicación geográfica, género o identidad cultural de cada estudiante".
La Corte aclaró que el derecho de acceso a la información "no es un derecho absoluto" y que se debe evitar la difusión de datos que puedan comprometer la intimidad y el honor de las personas que participaron.
"Ello deja huérfano de todo sustento las argumentaciones desarrolladas por la parte demandada", concluyó.





