Después de varios meses de debate en el ámbito parlamentario, el Senado aprobó de manera unánime la nueva Ley de Discapacidad, impulsada por el oficialismo debido a la presión ejercida por opositores y algunos sectores aliados al gobierno de Javier Milei, por la renuencia a mantener y garantizar las prestaciones contempladas en la actual Ley de Emergencia en Discapacidad.
El proyecto, que se transformó en ley con 71 votos a favor y ninguno en contra, define las condiciones de acceso a las pensiones no contributivas por discapacidad e invalidez laboral, equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio, y establece que se podrá cobrar el beneficio incluso si la persona comienza un trabajo registrado, siempre que su salario no supere los dos salarios mínimos.
La iniciativa surgió para evitar que la oposición peronista/kirchnerista prorrogará la ley de emergencia (27.793), que finaliza el 31 de diciembre. Desde el inicio de la gestión de Milei, este se mostró reticente a cumplir esa norma, entre vetos y disputas en el Parlamento.
El Gobierno no logró imponerse en esa cuestión y, para evitar que la oposición lograra prorrogar la emergencia y se llevara un triunfo legislativo, el oficialismo en Diputados consensuó este proyecto con el PRO, la UCR y aliados provinciales, que también habían presionado al Ejecutivo por el pago de la deuda con prestadores del área y por una solución al reclamo de miles de familias.
Así se llegó al texto que el Senado convirtió en ley este jueves, que mantiene casi todos los puntos de la norma actual, con la salvedad de quitar la palabra "emergencia". El oficialismo sustenta que se abandona ese concepto y se pasa a un marco legal estable que no requiere renovación anual, ofreciendo mayor previsibilidad a los beneficiarios y sostenibilidad financiera a las prestaciones.
Luego de ser aprobado por la Cámara baja con 237 votos a favor, el proyecto quedó protegido frente a posibles modificaciones en el Senado. Esta fue una opción que se discutió en el Ministerio de Economía que lidera Luis Caputo, responsable del equilibrio fiscal que Milei considera innegociable.
Según recogió iProfesional, la líder del bloque de senadores oficialista, Patricia Bullrich, recibió en las últimas semanas algún pedido de esa cartera para realizar ajustes al proyecto, pero se opuso.
Esta negativa no se debió solo a la tensión existente entre la cúpula libertaria y la senadora, sino que la casi unanimidad con la que se aprobó el proyecto en Diputados obligaría al Senado a conseguir más de 60 votos para modificar el texto, lo cual representa una tarea extremadamente difícil y políticamente arriesgada para el oficialismo.
Adicionalmente, entre el tratamiento en Diputados y en Senado se produjo la visita del papa León XIV, quien asistió al Cottolengo Don Orione y enfatizó que "el progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad". Muchos senadores lo recordaron durante el debate. Esa postura también generó presión al oficialismo para avanzar con la nueva ley sin más dilaciones.
La nueva norma preserva el valor de las pensiones no contributivas (equivalentes al 70% de la jubilación mínima) y la actualización mensual, así como la opción de ser compatibles con un empleo registrado, siempre que el salario no sobrepase los dos salarios mínimos. A valores actuales, esa suma equivale a $797.600.
La prestación seguirá actualizándose conforme lo dispuesto por el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), regido por la Ley 24.241. Por ende, no se prevé un aumento específico ni se modifica la fórmula de cálculo. El valor de ambos beneficios se mantendrá asociado a la evolución del haber jubilatorio mínimo.
Además, seguirá vigente el nomenclador universal, que es el listado oficial que determina los precios y aranceles para las prestaciones básicas de atención (como rehabilitación, transporte o acompañantes) y la actualización de los valores según el IPC.
Asimismo, establece que las pensiones serán compatibles con otros programas de asistencia, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), y un artículo para garantizar la cobertura de salud para las pensiones por invalidez y discapacidad sin distinción.
Al mantener la posibilidad de compaginar el cobro de una pensión no contributiva con un empleo formal, los beneficiarios podrán trabajar en relación de dependencia o inscribirse en los regímenes tributarios general o simplificado, siempre y cuando sus ingresos no alcancen ni superen los dos salarios mínimos.
Si las remuneraciones llegan a dicho límite o lo superan, la prestación se suspenderá automáticamente durante el período en que se mantenga esa situación. Cuando finalice la relación laboral o los ingresos vuelvan a caer por debajo del límite definido, el titular tendrá la opción de solicitar la rehabilitación de la pensión.
En ese contexto, resalta el sistema permanente de auditorías periódicas que establece la nueva ley para verificar que los titulares de las pensiones por invalidez laboral y discapacidad cumplan con las condiciones necesarias para cobrarlas.
La responsabilidad recaerá en la Secretaría Nacional de Discapacidad, que depende del Ministerio de Salud, y podrá cruza información con las bases de datos de la Secretaría de Trabajo, ANSES, ARCA, el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y el Registro Nacional de las Personas (ReNaPer).
El procedimiento también incluye garantías para los beneficiarios. Si del cruce de información se determina que una persona no cumple con alguno de los requisitos, la Secretaría Nacional de Discapacidad deberá notificarla, informarle los motivos de la observación y establecer un plazo para presentar un descargo. Una vez transcurrido ese plazo, el organismo podrá decidir la suspensión preventiva de la prestación.
Sin embargo, la suspensión no impedirá que el titular solicite la rehabilitación inmediata y provisional de la pensión mientras se resuelve el procedimiento administrativo, si sostiene que no incurrió en el incumplimiento señalado.
La iniciativa busca establecer un mecanismo permanente de financiamiento para el sistema de pensiones y para las políticas públicas dirigidas a las personas con discapacidad. En consecuencia, determina que los gastos para su aplicación serán cubiertos inicialmente con las partidas del Ministerio de Salud para el área de discapacidad.
No obstante, el proyecto señala que si esos créditos no son suficientes, se podrá cubrir el excedente con partidas de la Jurisdicción 91, correspondiente a las Obligaciones a Cargo del Tesoro. También establece una garantía presupuestaria: las leyes de presupuesto deberán asegurar los recursos necesarios para mantener el sistema y el ingreso por beneficiario no podrá ser inferior, en términos reales, al establecido en el ejercicio inmediato anterior.
Este fue uno de los reclamos realizados por los bloques aliados, en especial el diputado misionero Oscar Herrera Ahuad, que trabajó arduamente para llegar a un consenso sobre el texto de la nueva ley.
Asimismo, se incluyó una disposición transitoria para regularizar los pagos pendientes de las compensaciones previstas en el artículo 13 de la Ley 27.793, dirigidas a los prestadores que hayan cumplido los requisitos marcados por esa norma, un aspecto que el PRO y la UCR habían reclamado al oficialismo.
Al igual que en Diputados, el debate en el Senado estuvo lleno de reclamos por parte de la oposición y de bloques aliados a Milei para que se aplique la nueva Ley de Discapacidad. A pesar de la posible aprobación, persiste la desconfianza sobre la genuina voluntad del Gobierno.
Milei había vetado la ley de emergencia anterior, pero no logró defender su veto en el Congreso. La nueva ley es el resultado de un oficialismo que se encontró acorralado y sin margen de maniobra para mantener el plan de ajuste del Gobierno en ese ámbito específico y, además, presionado por el mensaje del Papa, a pesar de que LLA intente destacar que presentaron una norma "superadora" de la anterior.
En ese contexto, el senador Agustín Monteverde, miembro informante del oficialismo al respecto, destacó que esta Ley de Discapacidad "toma las herramientas de la ley 27.793 de emergencia, pero las transforma en un esquema jurídico estable".
Los aliados, por su parte, coincidieron con los opositores en las advertencias al Gobierno y las referencias al mensaje del Papa. El radical Maximiliano Abad, por ejemplo, recordó la frase del Sumo Pontífice sobre la necesidad de proteger a las personas con discapacidad y apuntó: "Hoy votamos esta ley y mañana empieza la obligación de cumplirla".





