El Senado de la Nación Argentina sancionó por unanimidad un proyecto de ley sobre discapacidad que restituye beneficios de la anterior ley de emergencia, propuesta que había sido desaprobada por el gobierno de Javier Milei en el año anterior. La legislación, respaldada por los 71 senadores presentes, busca "establecer reglas estables y generar previsibilidad".
La iniciativa, apoyada por el oficialismo como una forma de "salir de la emergencia y avanzar hacia políticas públicas sostenidas", asegura la continuidad de las prestaciones, pensiones y coberturas, además de su compatibilidad con el empleo formal o el monotributo, con el fin de dejar atrás la inseguridad que generaron las prórrogas de la ley anterior.
Durante el debate, varios senadores de diferentes bloques resaltaron la relevancia de la sanción, aunque algunos, como la senadora Alicia Kirchner (PJ), indicaron que “ninguna sanción reconstruye los derechos que fueron vulnerados”, mientras que la senadora Lucía Corpacci (PJ) expresó que la ley es resultado de la movilización de los colectivos de discapacidad.
El proyecto, denominado “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad”, suprime el enfoque de emergencia y transitoriedad para hacer permanentes sus disposiciones.
Entre sus aspectos principales, se incluye la posibilidad de mantener la compatibilidad entre la pensión no contributiva por discapacidad (equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo) y el empleo formal o la inscripción en el monotributo, siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles.
La ley preserva el principio de nomenclador único, ratifica la actualización automática y periódica de los aranceles de las prestaciones de acuerdo al índice de movilidad jubilatoria (relacionado al IPC) y asegura la cobertura básica del programa federal Incluir Salud para quienes reciben la pensión.
En lo que respecta al financiamiento, se estipula que el presupuesto asignado al Ministerio de Salud no podrá ser inferior, en términos reales, al del ejercicio fiscal precedente.
Los colectivos dedicados a la discapacidad se movilizaron debido a la situación de dichas personas en los últimos años.
Además, la legislación establece un sistema de auditorías periódicas que contempla el cruce de información entre la ANSES, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), bajo el principio del debido proceso inclusivo.
Se incorporó también una cláusula transitoria que establece un cronograma para el pago de compensaciones adeudadas a prestadores y fija un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la norma.
Beneficios permanentes: el Senado aprobó por unanimidad, con 71 votos, una ley que mantiene las prestaciones, pensiones y coberturas por discapacidad, eliminando su carácter de emergencia.
Pensión compatible con el trabajo: equivale al 70% de la jubilación mínima y permite tener empleo formal o monotributo si los ingresos no superan dos salarios mínimos.
Financiamiento y controles: se establecen actualizaciones automáticas de aranceles, un piso presupuestario, auditorías periódicas y un cronograma de pago de deudas a prestadores. El Ejecutivo dispondrá de 30 días para reglamentarla.






