La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023, a través del cual el gobierno de Javier Milei había eliminado las facultades del Estado para controlar los valores de las cuotas de las empresas de medicina prepaga. El tribunal determinó que el Poder Ejecutivo no demostró las circunstancias excepcionales requeridas por la Constitución para legislar mediante un decreto de necesidad y urgencia.
La decisión fue adoptada a raíz de un amparo presentado contra Swiss Medical SA por una afiliada que cuestionó los aumentos aplicados por la empresa tras la entrada en vigencia del DNU.
En su presentación, MB argumentó que pertenecía al plan SM02 y que, entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, la cuota había crecido un 110%, pasando de $136.161,21 a $301.218,02. Afirmó que, de haberse mantenido el anterior esquema regulatorio, el incremento correspondiente a enero de 2024 hubiera sido del 6,26%.
La mujer solicitó que se anulaban los incrementos dispuestos por Swiss Medical a partir del decreto presidencial.
En primera instancia, el amparo fue desestimado. Sin embargo, la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata revocó esa decisión, declaró la inconstitucionalidad de los artículos impugnados y ordenó limitar los aumentos al porcentaje del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Tanto Swiss Medical como el Estado Nacional apelaron ante la Corte Suprema.
Swiss Medical deberá restringir los aumentos de las cuotas al IPC tras un fallo de la Cámara Federal de La Plata que declaró inconstitucionales artículos del DNU 70/2023 impugnados por una afiliada.
Al analizar el planteo, los jueces del máximo tribunal retomaron su doctrina acerca de los límites constitucionales para que el Poder Ejecutivo emita normas de carácter legislativo mediante DNU.
En este sentido, recordaron que la Constitución solo permite esa posibilidad en situaciones de “rigurosa excepcionalidad” y cuando hay una circunstancia que impida recurrir al trámite legislativo ordinario o una urgencia de tal magnitud que impida esperar los tiempos normales de sanción de una ley.
Con ello, la Corte concluyó que los artículos cuestionados del DNU 70/2023 no superaban el control de constitucionalidad.
“De la lectura de los considerandos del decreto en cuestión no se desprende una mínima justificación de las razones o circunstancias de excepción que motivaron las modificaciones en la ley 26.682”, indicaron los magistrados.
El fallo criticó que el Gobierno justificara la desregulación en base a una supuesta crisis del sistema sanitario y en la necesidad de aumentar la competitividad mediante la liberación de precios.
Para la Corte, esas explicaciones resultaron insuficientes: “Estas consideraciones genéricas no demuestran en absoluto la existencia de una situación de urgencia que deba ser tratada de inmediato en un plazo incompatible con el procedimiento normal de una ley”.
Los magistrados resaltaron que no basta con invocar una emergencia de manera general, sino que es necesario detallar por qué cada una de las medidas adoptadas es esencial para hacer frente a la misma.
Particularmente, apuntaron que el decreto no explicó la relación concreta entre la emergencia económica y social invocada y la decisión de eliminar las facultades estatales para regular los aumentos de las prepagas.
“Los considerandos del DNU 70/2023 no hacen siquiera el intento de mostrar que exista una relación concreta entre la emergencia económica y social esgrimida por el Poder Ejecutivo y la necesidad de suprimir las facultades de control de la autoridad de aplicación”, afirmaron los jueces.
En otro segmento del fallo, la Corte advirtió que no se puede recurrir a un DNU solo porque resulte más rápido o conveniente que el procedimiento parlamentario.
“Se deben descartar de plano criterios de mera conveniencia del Poder Ejecutivo que, por ser siempre ajenos a circunstancias extremas de necesidad, no justifican su decisión de imponer un derecho excepcional a la Nación en situaciones que no lo son”, argumentaron. Y añadieron: “El texto de la Constitución Nacional no permite elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales mediante un decreto”.
La Corte Suprema declaró inconstitucionales dos artículos del DNU 70/2023 que removían los controles estatales sobre las cuotas de las empresas de medicina prepaga.
Los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023 habían eliminado dos herramientas clave de la ley 26.682: la facultad de la autoridad de aplicación para revisar los valores de las cuotas y sus modificaciones, y la obligación del Estado de supervisar y garantizar la razonabilidad de los precios de los planes de salud.
El esquema previo establecía que los aumentos debían estar fundamentados en variaciones de la estructura de costos y en un cálculo actuarial razonable de riesgos, y requerían autorización de la autoridad de aplicación.
Con la reforma impulsada por el Gobierno, las empresas quedaban habilitadas para fijar libremente los valores de sus cuotas.
La Corte entendió que dicha modificación no podía implementarse por decreto sin demostrar las condiciones excepcionales que establece la Constitución. Por ello, confirmó la declaración de inconstitucionalidad de ambos artículos.
Además, aclaró que el hecho de que continúe abierto el procedimiento de tratamiento legislativo de los DNU establecido en la ley 26.122 no impide el control judicial de una norma que ya genera efectos concretos.
“Esto no puede suponer la sustracción al control judicial de una norma que produce efectos concretos sobre relaciones jurídicas”, advirtieron los magistrados. Y señalaron que tampoco se puede desnaturalizar “los controles necesarios que hacen imprescindible la vigencia del Estado de Derecho”.
Por último, la Corte confirmó parcialmente la sentencia de la Cámara Federal de La Plata, pero revocó el resto de lo resuelto, incluido el mecanismo que había establecido para limitar los aumentos al IPC.
Así, dispuso que la autoridad de aplicación reasuma las funciones de control previstas en la ley de medicina prepaga y que el tribunal de origen dicte un nuevo pronunciamiento de acuerdo con los criterios establecidos por el máximo tribunal.
La sentencia también aclaró que la decisión se limita a los artículos impugnados y que no implica una opinión sobre la constitucionalidad de los demás aspectos del DNU 70/2023.





