La Corte Suprema de Justicia resolvió que el Estado debe hacerse cargo de la regulación de los incrementos en las cuotas de las prepagas. Esto se definió al determinar la inconstitucionalidad de dos artículos del decreto 70/2023 del gobierno de Javier Milei, que habían revocado ese control mensual, y ordenó que el Gobierno retome esa función.
El máximo tribunal señaló que “no basta con ‘invocar una emergencia genérica’ como lo hizo el Ejecutivo en ese DNU, sino que es necesario justificar ‘la emergencia y la necesidad urgente de las distintas medidas que se adoptan en el decreto’.”
Debido a esos artículos del DNU 70, los aumentos en las cuotas crecieron significativamente en enero de 2024, lo que llevó en ese momento a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) a presentar una denuncia contra las prepagas. Este conflicto se resolvió a través de un acuerdo judicial, donde las empresas se comprometieron a devolver en cuotas a los afiliados los aumentos que habían realizado.
Después de esos meses agitados, la mayoría de las prepagas con mayor cantidad de afiliados se comprometieron informalmente con el Gobierno a que los ajustes mensuales estuvieran basados en el último índice de inflación conocido. Esta situación, salvo algunas excepciones, ha continuado de este modo hasta la actualidad.
Actualmente, la Corte Suprema cuestiona cómo el Gobierno decidió eludir su función reguladora: “Los considerando del decreto 70/23 no hacen ni siquiera el intento de mostrar que exista una relación concreta entre la emergencia económica y social esgrimida por el Poder Ejecutivo y la necesidad de suprimir las facultades de control de la autoridad de aplicación; no surge de sus términos ninguna explicación de por qué la eliminación de dichas potestades resulta necesaria y urgente para paliar la alegada ‘crisis económica y social del país’”, expresaron por unanimidad los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
La decisión de la Corte constituye la primera en la que se declara la inconstitucionalidad de artículos del DNU 70, dado que hasta ese momento los reclamos que habían llegado contra todo el texto o algunos de sus artículos habían sido presentados por sujetos que no contaban con legitimación directa para presentar esas demandas.
En esta ocasión, la causa fue iniciada por una ciudadana, María Del Carmen Bobbio, contra la prepaga Swiss Medical, tras experimentar un aumento del 110 por ciento en el valor de su cuota entre diciembre de 2023 y febrero de 2024. Según explicó, si se hubiera aplicado la resolución 2577/2022 del Ministerio de Salud, el incremento hubiera sido solamente de 6,26 por ciento.
La mujer solicitó que se declarara la inconstitucionalidad de los artículos en cuestión, que derogaron el artículo 5 inciso g y reemplazaron el artículo 17 de la ley 26.682, que establecía el control estatal sobre los precios de las cuotas de las prepagas.
El juez de primera instancia rechazó la acción de amparo. La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata revocó la sentencia, declaró la inconstitucionalidad de esos dos artículos y ordenó a la empresa limitar los aumentos de las cuotas de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), mientras que ordenó al Estado reasumir las funciones que le corresponden según la ley y fijar el valor de la cuota.
En esa oportunidad, se argumentó que el DNU dejaba “librados a los usuarios al fenómeno de la cartelización de mercado de salud” y que una decisión de este tipo solo podía ser tomada por el Congreso Nacional. Se agregó que el Ejecutivo podría haber incluido este tema en sesiones extraordinarias, como lo hizo con otros asuntos legislativos, y que no se había probado la necesidad y la urgencia de la medida.
El Estado Nacional y la empresa Swiss Medical apelaron. La Procuradora Fiscal entendió que correspondía confirmar la sentencia en cuanto a la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del DNU y sobre la orden a la autoridad estatal de retomar el control sobre los aumentos.
En sus argumentos, los jueces citaron un reciente fallo en la causa conocida como “Cencosud”, en el que sostuvieron que “la Constitución Nacional no deja dudas acerca de que la admisión del ejercicio de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo se hace en condiciones de rigurosa excepcionalidad y con sujeción a exigencias formales que constituyen una limitación y no una ampliación de su práctica anterior”.
En la práctica, la resolución de la Corte no producirá un cambio significativo para los afiliados, ya que lo cuestionado es la forma en que se establecen los aumentos. Esto significa que, si el Estado hubiera determinado los incrementos periódicos de acuerdo con el IPC de cada mes, en lugar de dejar “librada” esta decisión a las empresas, es probable que la demanda judicial y sus consecuencias no habrían tenido lugar.
La SSS fue consultada sobre el nuevo escenario que se abre a partir del fallo de la Corte. Respondieron que, dado que la sentencia modifica el DNU 70, el tema excede a esa repartición y que corresponde a la Casa Rosada proporcionar las explicaciones pertinentes. Al cierre de esta nota no hubo declaraciones al respecto.





