Se confirman los límites del 15% de extranjerización a nivel nacional, provincial y departamental.
El Senado aprobó el proyecto de ley de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, que incluye en su texto la recuperación de la Ley de Tierras Rurales del kirchnerismo, y establece un sistema de desalojos “exprés” para los campos y viviendas usurpadas.
El proyecto fue aprobado por 42 votos a favor y 26 en contra, con el respaldo del oficialismo y bloques aliados.
Junto a la Libertad Avanza, respaldaron la medida la UCR, el PRO, Despierta Chubut, Provincias Unidas, Convicción Federal, y Movimiento por Misiones.
En oposición, votaron el bloque Justicialista, Movere Santa Cruz, La Neuquenidad, Primero los Salteños, Frente Cívico de Santiago del Estero, y Justicia Social.
Este proyecto enfrentó un camino complicado para el gobierno, que primero debió eliminar modificaciones en la ley de Tierras y el manejo del Fuego, y luego, en diputados, ante el temor de derogar el DNU70/23, se restituyó la ley de Tierras que el oficialismo había intentado eliminar.
De esta forma, se mantendrán los límites del 15% de extranjerización a nivel nacional, provincial y departamental, además del tope de 1.000 hectáreas en zonas núcleo del país, espejos de agua y áreas de frontera.
La versión reducida de la Ley de Propiedad Privada que se aprobó contiene secciones que alteran la Ley de Expropiaciones, limitando las facultades del Estado para declarar la utilidad pública de bienes inmuebles, así como una reforma de la ley de Desalojo para acortar notablemente los tiempos judiciales para la recuperación de propiedades usurpadas o con tenencias irregulares.
Se implementará un desalojo exprés solo en casos de inmuebles usurpados o tenedores precarios, donde el juez podrá ordenar la entrega inmediata del inmueble si “el derecho invocado fuese verosímil y previa caución juratoria”.
El juez podrá requerir la devolución del inmueble en un plazo de 72 horas si así lo solicita el propietario, que deberá presentar prueba documental que acredite su propiedad sobre ese terreno, vivienda o campo.
Los deudores morosos contarán con más plazos, ya que los inquilinos que adeudan el pago de sus contratos deberán recibir del propietario una carta documento y otorgar un plazo de al menos 10 días corridos para regularizar su situación, contando desde la recepción de la notificación correspondiente.
La declaración de utilidad pública se aplicará de manera restrictiva y deberá fundamentarse claramente por parte del Estado.
El dictamen estableció un tope del 15% en la indemnización por lucro cesante, dado que el proyecto original no estipulaba ningún porcentaje. Además, la tasa de interés a aplicar será la del Índice de Precios al Consumidor sumada a la del Banco Nación a treinta días.
El proyecto también modifica la ley “Pierri” de regularización dominial, permitiendo a las familias con posesión pública durante los 10 años anteriores acceder a la escritura de su vivienda única.






