La causa iniciada por el municipio volvió al juzgado local, donde se había ordenado la restitución del predio. La defensa de la comunidad presentó varios recursos, pero agotó las instancias judiciales para evitarla. El magistrado podría intimar a los ocupantes a un retiro voluntario y, si esto no ocurre, proceder con el desalojo.
Luego de un largo recorrido judicial, la causa que ordena restituir a la Municipalidad de Villa La Angostura un camping en la costa del lago Correntoso regresó a la jurisdicción local. La comunidad mapuche Paicil Antriao no pudo revertir la sentencia que obliga a la devolución del predio, luego de que sus planteos fueran desestimados en las diferentes instancias judiciales, incluida la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El expediente está nuevamente bajo la supervisión del juez Francisco Astoul Bonorino, quien deberá avanzar en la ejecución de la sentencia favorable al municipio. El magistrado podría intimar a los ocupantes a retirar voluntariamente sus pertenencias y devolver el inmueble. En caso de no cumplir, podrá tomar las medidas necesarias para llevar a cabo el desalojo, incluso con el auxilio de la fuerza pública.
El municipio denunció a miembros de la comunidad por permanecer en el camping tras finalizar el período de concesión, que venció en 2011. Desde entonces, el conflicto acumuló más de 15 años de litigio y se convirtió en uno de los más prolongados de Villa La Angostura.
La Justicia reconoció el derecho del municipio a recuperar el camping, aunque los diferentes recursos presentados por la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, que representa a la comunidad, atrasaron la ejecución de la sentencia.
La comunidad también enfrenta otros conflictos territoriales no resueltos, tanto con organismos públicos como con particulares, además de haber establecido su presencia en la traza de la ruta de Circunvalación que se está construyendo en Villa La Angostura, donde el gobierno neuquino deberá reubicarlos para continuar con la obra.
El camping se encuentra sobre la costa del lago Correntoso, a aproximadamente ocho kilómetros del centro de la localidad. Este predio pertenecía a la administración municipal y era explotado a través de una concesión.
Hugo Montes y Sofía Antriao, miembros de la comunidad mapuche, habían sido concesionarios del establecimiento. Al finalizar el contrato, tendrían que haber devuelto la administración del camping al municipio, pero a fines de 2011 no lo hicieron.
En ese momento, plantearon una reivindicación territorial argumentando la preexistencia de sus familiares en esas tierras. La comunidad afirmó que el lugar forma parte de su territorio ancestral.
Se incluyó en el litigio la donación de tierras realizada en abril de 1951 por José Victoriano Antriao a la entonces Comisión de Fomento de Villa La Angostura. Este documento fue evaluado durante el proceso, pero los tribunales determinaron que no probaba la posesión ancestral que la comunidad alegaba sobre el camping.
Durante el conflicto, el intendente Javier Murer propuso en un momento una nueva concesión del establecimiento a la comunidad para asegurar la prestación de servicios durante la temporada de verano, pero la resistencia social llevó al jefe comunal a desistir de la propuesta.
Ante la falta de restitución del inmueble, la Municipalidad inició una acción reivindicatoria para recuperar la propiedad. Esta demanda fue presentada entre 2012 y 2013 y estuvo inicialmente bajo la responsabilidad del juez Jorge Videla, quien se apartó de la causa tras un pedido de recusación. El expediente pasó al Juzgado Civil y Comercial N.º 2 de Junín de los Andes, donde asumió el magistrado Andrés Luchino.
El 11 de diciembre de 2019, Luchino dictó una resolución favorable al municipio, ordenando a los ocupantes devolver el camping. La decisión rechazó los argumentos de la comunidad y consideró que no se había demostrado la posesión ancestral invocada sobre el predio. También se analizó la aplicación de la Ley 26.160 de relevamiento territorial indígena, concluyendo que no se acreditaban los requisitos necesarios para reconocer una ocupación tradicional y actual del sitio.
La comunidad apeló la decisión y logró que la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del interior de Neuquén revocara el fallo. Sin embargo, la controversia continuó.
El 11 de abril de 2024, el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén revocó la decisión de la Cámara y reestableció la sentencia de primera instancia, reafirmando la obligación de la comunidad Paicil Antriao de devolver el camping a la Municipalidad de Villa La Angostura.
Esta resolución marcó un punto crucial en un litigio que llevaba más de una década. El tribunal consideró que no se había probado adecuadamente la posesión ancestral reivindicada ni que existieran evidencias de una utilización comunitaria tradicional del inmueble. También evaluó los antecedentes documentales sobre la donación de tierras de 1951, determinando que no eran suficientes para respaldar los derechos reclamados por los ocupantes.
Tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, la comunidad intentó llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, presentando un recurso extraordinario federal que fue rechazado por el máximo tribunal neuquino, y luego recurrió en queja ante la Corte.
El 6 de agosto de 2026, la Corte Suprema desestimó este planteo, ratificando la sentencia que ordena restituir el camping al municipio. El máximo tribunal nacional no emitió un nuevo pronunciamiento sobre el fondo del tema, sino que rechazó la posibilidad de revisar el fallo provincial mediante el recurso interpuesto.
Simultáneamente, se desarrolló otra discusión procesal sobre qué juzgado debía intervenir en la ejecución de la sentencia. El 27 de diciembre de 2024, el juez Santiago Montorfano, del Juzgado Civil y Comercial N.º 2 de Junín de los Andes, dispuso remitir los documentos a Villa La Angostura para que el magistrado local pudiese avanzar con la restitución del inmueble.
La comunidad cuestionó esa decisión mediante diversos recursos. Sin embargo, el 3 de febrero de 2026, el Tribunal Superior de Justicia desestimó dichos planteamientos y confirmó el traslado del expediente. Posteriormente, el 5 de octubre, también rechazó un recurso extraordinario federal presentado en contra de esta decisión.
Mientras se llevaban a cabo las últimas instancias judiciales, el municipio y la comunidad intentaron alcanzar una solución negociada al conflicto.
En junio de 2025, ambas partes acordaron iniciar una instancia de conciliación, que fue homologada por la Justicia. La negociación no se limitaba al camping, sino que también abarcaba otro terreno contiguo, ocupado por miembros de la comunidad y reclamado por la Municipalidad.
El objetivo era llegar a un acuerdo que permitiera resolver ambas controversias sin recurrir a medidas de ejecución judicial.
Sin embargo, transcurrió alrededor de un año sin que las partes lograran un consenso. El 22 de junio de 2026, el magistrado dio por finalizada la instancia de conciliación y mandó a continuar con el proceso.
Con la sentencia firme y sin recursos judiciales pendientes, el expediente volvió al juzgado local. Ahora, la Municipalidad está en condiciones de avanzar con la recuperación del camping, aunque aún queda que el magistrado determine las medidas concretas para llevar a cabo la restitución.





