Azul Jacarandá, una firma agropecuaria centrada en la producción y multiplicación de semillas, ha ingresado en un concurso preventivo con deudas que ascienden a casi $25.000 millones. La empresa acumula 348 cheques rechazados que suman más de $5.600 millones y tiene una extensa lista de acreedores que incluye a BASF, Bayer, Atanor, FMC y otras instituciones financieras destacadas del país.
Fundada en 2002 y con su planta principal en Salto, provincia de Buenos Aires, la compañía atribuye su crítica situación a retrasos en los cobros, incumplimientos de clientes y a un fuerte aumento en los costos del crédito durante 2025, cuando las tasas alcanzaron el 100% nominal anual.
La apertura del concurso fue estipulada el 29 de octubre de 2026 por el Juzgado Nacional en lo Comercial N°30, bajo la dirección del juez Sebastián I. Sánchez Cannavó.
Según lo presentado ante el sistema judicial, Azul Jacarandá mostró un pasivo de $24.940,7 millones al 30 de septiembre de 2026, frente a activos que se valoran en $20.355,3 millones. Así, la diferencia evidencia un patrimonio neto negativo de $4.585,3 millones, donde la mayor parte de las obligaciones corresponde a deudas comerciales y financieras.
Esta situación también impacta en la cadena de pagos. De acuerdo a registros del Banco Central, la empresa tiene 348 cheques rechazados que permanecen impagos, totalizando $5.609,2 millones.
El caso de Azul Jacarandá se suma al de Agro de Souza, otra firma del agro que busca reestructurar sus deudas mediante la Justicia. Agro de Souza, ubicada en Coronel Suárez y dedicada a la venta de maquinaria agrícola, inició su concurso en septiembre, pero su situación cobró relevancia recientemente tras su notificación a la Comisión Nacional de Valores.
A diferencia de Agro de Souza, que se relaciona principalmente con la comercialización de maquinaria y servicios, Azul Jacarandá se involucra en la multiplicación y procesamiento de semillas para grandes empresas nacionales e internacionales.
El encarecimiento del financiamiento se destaca como un factor que complica las dificultades financieras de las firmas, especialmente en el agro, donde las largas temporadas de producción y los plazos de cobranza no siempre coinciden con las fechas de vencimiento de las deudas.
Las altas tasas de interés y las restricciones de financiamiento pueden convertir inconvenientes de liquidez en situaciones de insolvencia, como se observa en este caso, donde los costos financieros erosionaron los márgenes operativos de la empresa.
Azul Jacarandá es una sociedad familiar dirigida por los hermanos Matías Saúl Cortada y Marisel Beatriz Cortada, cada uno con el 50% del capital. Su actividad principal consiste en multiplicar semillas para firmas otorgantes, que le proporcionan materiales genéticos para reproducir y acondicionar.
La empresa produce primordialmente semillas de maíz, soja, sorgo, trigo y girasol, y también trabaja con cebada, arveja, canola y varias especies forrajeras. En la campaña 2025/2026 sembró alrededor de 3.500 hectáreas, la mayoría en terrenos propios y arrendados, muchos de los cuales cuentan con riego.
Su activo productivo más importante es una planta industrial situada en Salto, provincia de Buenos Aires, que abarca más de 12 hectáreas. De acuerdo a la información institucional, la planta cuenta con 9.700 metros cuadrados de almacenamiento, de los cuales 4.000 metros están equipados con sistemas de control de temperatura y humedad. La capacidad nominal declarada llega a las 950.000 bolsas de maíz.
Además de la multiplicación de semillas, la empresa ofrece servicios de procesamiento, clasificación, tratamiento y almacenamiento, vende agroinsumos y desarrolla producción agrícola de granos. Dispone de depósitos en Salto, Pehuajó y Los Quirquinchos, en la provincia de Santa Fe.
Entre sus clientes se encuentran BASF, Bayer, Cargill, Corteva, KWS, Advanta, Limagrain y Stine, entre otras destacadas empresas del sector semillero.
Los informes financieros indican que, antes de la crisis, Azul Jacarandá había conseguido revertir sus resultados negativos. En el ejercicio que cerró en junio de 2023, reportó una pérdida de $70,8 millones, pero en 2024 logró una ganancia de $257,2 millones, con una facturación de $9.910,6 millones. En ese último período, los resultados financieros y por tenencia fueron negativos en $2.153,7 millones.
Para el ejercicio finalizado en junio de 2025, la firma reportó una facturación de $11.841,6 millones en su presentación concursal.
En su escrito a la Justicia, Azul Jacarandá admite que sus problemas económicos no surgieron de forma repentina. "El deterioro patrimonial y financiero de AJSA no es súbito ni reciente, sino el desenlace de un proceso que se manifiesta, cuando menos, desde el cierre del ejercicio 2025 y que se agravó decisivamente durante el transcurso del año 2026", menciona la empresa.
La compañía señala tres factores clave que afectaron su actividad: demoras en el cobro de trabajos de multiplicación de semillas, incumplimientos de clientes que entregaron cheques de pago diferido y una fuerte alza de los costos financieros.
Uno de los problemas se originó durante la campaña 2024/2025, cuando una de las principales empresas obtentoras del mercado retrasó pagos que deberían haberse realizado entre marzo y abril de 2025. Según el expediente, el primer cobro parcial se recibió recién en junio, mientras Azul Jacarandá tuvo que seguir financiando los costos de producción para la siguiente campaña.
La firma aguardaba recibir $1.900 millones, pero tras intercambios de facturas de insumos, únicamente percibió un saldo neto de $548 millones. Además, los anticipos previstos para la próxima campaña llegaron con un mes de retraso.
Para hacer frente a ese desfase, recurrió a descubiertos en bancos. Según su presentación, solo a Banco Galicia le pagó entre $30 millones y $50 millones mensuales en intereses durante cuatro meses.
"Cuando el cobro finalmente llegó, la Sociedad había consumido en costos financieros una parte sustancial del margen de la campaña y había agotado su capacidad de endeudamiento a corto plazo", se indica en el documento judicial.
Por otro lado, empezaron a surgir problemas con los cheques que recibió de clientes por la venta de agroinsumos. Entre los incumplimientos registrados están: Como los cheques habían sido descontados por instituciones financieras, cada rechazo generaba un débito inmediato en las cuentas bancarias de la empresa.
"La sucesión de rechazos transformó el desfase en un déficit estructural de caja", reconoce Azul Jacarandá en su documento a la Justicia.
El tercer factor fue el encarecimiento del financiamiento. La empresa señala que las tasas de adelantos en cuenta corriente superaron el 80% nominal anual en 2025 y alcanzaron el 100% en las semanas previas a las elecciones legislativas de octubre.
En su presentación judicial, Azul Jacarandá sostiene que la demora en el cobro de su producción, el incumplimiento de su cartera de cheques y el aumento de las tasas "transformó un problema de liquidez temporal en un quebranto: el costo de sostener los desfases superó el margen de la actividad".
El 15 de septiembre de 2025 se dio el primer rechazo de un cheque emitido por la propia empresa. Desde ese momento, se empezaron a limitar las posibilidades de renovar créditos y conseguir financiamiento.
La empresa señala el 20 de enero de 2026 como el momento en que quedó en cesación de pagos, al no poder honrar ni refinanciar un cheque emitido a favor de Hernán Manrique S.A., empresa que posteriormente solicitó la quiebra.
La lista de acreedores presentada en el expediente permite apreciar la magnitud de la crisis. Las deudas comerciales totalizan $12.359,4 millones y las financieras alcanzan los $10.769,9 millones, mientras la compañía también tiene obligaciones fiscales, laborales y previsionales.
Entre sus proveedores se encuentran varias empresas de renombre del sector agroindustrial. Entre los acreedores también se halla Hernán Manrique S.A., con $156,1 millones, quien anteriormente había solicitado la quiebra de la compañía.
En el ámbito financiero, el endeudamiento es igualmente significativo: según la Central de Deudores del Banco Central, en septiembre de 2026, Azul Jacarandá registraba obligaciones con 15 bancos y sociedades de garantía recíproca que suman aproximadamente $10.056,2 millones.
El mayor acreedor financiero es Banco Galicia, con $3.622,8 millones, seguido por Banco Macro, con $1.998,6 millones, y Banco Provincia, con $1.562,6 millones. También están Supervielle, ICBC, Banco del Sol, Nación, BBVA, Santander y Comafi, entre otros.
Parte de estas obligaciones presenta un deterioro en su clasificación crediticia. Banco Nación, BBVA, Santander, BICE y Aval Federal SGR informaron deudas en situación 4, mientras que Banco de Comercio tiene un saldo en situación 5.
Además, la documentación judicial refleja $1.186,8 millones en deudas fiscales y $624,5 millones en obligaciones laborales y sociales, incluidas remuneraciones, aportes y contribuciones pendientes.
Con la apertura del concurso preventivo, Azul Jacarandá busca reestructurar sus compromisos financieros y comerciales para poder continuar con sus operaciones. Los acreedores tendrán tiempo hasta el 26 de febrero de 2027 para solicitar la verificación de sus créditos, la audiencia informativa está agendada para el 9 de noviembre de 2027 y el período de exclusividad finalizará el 16 de noviembre de ese mismo año.





