El frigorífico Ecocarnes, propietario de la marca Cocarsa y con una planta industrial ubicada en San Fernando, provincia de Buenos Aires, ingresó formalmente en concurso preventivo de acreedores con un pasivo declarado de $79.489,8 millones.
La empresa, que da empleo a 600 trabajadores y se dedica a la faena y comercialización de carne bovina tanto para el mercado interno como para la exportación, enfrenta una crisis financiera que ha llevado a que se le rechacen más de 1.000 cheques, además de atravesar un procedimiento preventivo de crisis y la paralización de su establecimiento productivo hacia fines de octubre.
La firma solicitó el concurso preventivo el 30 de septiembre pasado y la Justicia dispuso su apertura el 6 de noviembre.
Según el estado patrimonial presentado ante la Justicia, Ecocarnes reportó activos por $116.307,2 millones y pasivos por $79.489,8 millones al 18 de septiembre de 2026. En su presentación inicial, identificó a 358 acreedores, incluyendo entidades financieras, proveedores comerciales, organismos públicos y prestadores de servicios.
La situación también se refleja en los registros del Banco Central, donde se indica que, a septiembre de 2026, la compañía mantenía compromisos con 22 entidades financieras por $47.118,2 millones. Entre sus principales acreedores se encuentran:
Además, se suma el deterioro de su cadena de pagos. Ecocarnes registra 1.078 cheques rechazados por un total de $27.501,7 millones, de los cuales solo cinco, por $30,1 millones, han sido abonados. Así, quedan pendientes 1.073 valores por aproximadamente $27.471,5 millones, según la información bancaria presentada.
En su presentación judicial, la empresa explicó que sus problemas comenzaron tras una expansión comercial que incrementó notablemente sus necesidades de capital de trabajo. Durante 2025, año en el que también se alteró su estructura accionaria, Ecocarnes intensificó un modelo de negocio centrado en la compra de hacienda para su posterior faena y comercialización, en lugar de enfocarse en prestar servicios frigoríficos a terceros.
De acuerdo con la firma, la faena propia de la empresa aumentó de unas 3.000 a 8.000 cabezas mensuales, mientras que la facturación saltó de aproximadamente $3.500 millones a casi $14.000 millones mensuales hacia fines de 2025. Sin embargo, este incremento de actividad requirió mayores recursos para financiar la compra de animales y sostener los plazos comerciales.
La compañía atribuyó la erosión de su situación al aumento en el precio de la hacienda, a la disminución de los plazos de pago exigidos por los proveedores, al encarecimiento de los costos internos en dólares y a las restricciones en las líneas de crédito bancarias. En su exposición mencionó cambios en las condiciones de financiamiento de instituciones como Banco Santa Cruz, Supervielle y Comafi.
También reconoció problemas internos en su estructura financiera: insuficiente capital de trabajo, creciente dependencia del crédito bancario y dificultades para generar liquidez suficiente. A esto se sumó una retracción en el mercado interno, que disminuyó la demanda de servicios de faena a terceros, mientras la empresa mantenía prácticamente inalterada su estructura laboral y salarial.
El primer incidente significativo de incumplimientos ocurrió el 14 de julio de 2026, cuando la firma no pudo hacer frente completamente a la compensación bancaria de cheques. Aunque sostuvo que logró regularizar esa situación, el 11 de septiembre se encontró nuevamente con problemas para cumplir obligaciones por cerca de $300 millones. Ecocarnes indicó que esperaba recibir dos remesas de fondos que finalmente se demoraron y ubicó en esta fecha el comienzo de su cesación de pagos.
Las dificultades financieras también impactaron en su única planta industrial ubicada sobre la Ruta 202 en San Fernando. Durante octubre, los trabajadores iniciaron medidas de protesta por problemas vinculados a los salarios y los aportes patronales. La actividad de faena se detuvo hacia fines de ese mes, mientras la empresa intentaba avanzar en un acuerdo laboral para adaptar sus costos a la nueva realidad económica.
Antes de conseguir la apertura del concurso, Ecocarnes había empezado un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) ante la Secretaría de Trabajo de la Nación. La primera audiencia tuvo lugar el 25 de septiembre y las negociaciones continuaron a lo largo de octubre. El 28 de ese mes se abrió un plazo de negociación de diez días hábiles entre la empresa y la representación sindical.
En el documento presentado ante el expediente, la empresa informó que las negociaciones buscaban alcanzar un acuerdo sobre las condiciones laborales y expresó su expectativa de una pronta reactivación de la actividad.
La historia del establecimiento se remonta a 1962, cuando se fundó Compañía de Carniceros S.A. (Cocarsa), que llegó a abastecer al mercado interno y desarrolló posteriormente exportaciones a Europa, Chile, Israel y Rusia. Tras atravesar un proceso de concurso y quiebra, sus activos industriales y su marca fueron adquiridos por Ecocarnes a principios de los años 2000.
La compañía mantuvo la actividad frigorífica y expandió gradualmente sus destinos comerciales. Desde aproximadamente 2015, comenzó a combinar la prestación de servicios a terceros con exportaciones propias, inicialmente impulsadas por la demanda de China. Luego, realizó inversiones para modernizar sus instalaciones de acuerdo a los requerimientos sanitarios de mercados como Israel y Estados Unidos, además de mantener operaciones hacia la Unión Europea mediante la Cuota Hilton.
Junto con la apertura del concurso, Ecocarnes solicitó varias medidas cautelares para proteger los recursos imprescindibles para su funcionamiento. El 17 de noviembre, la Justicia resolvió algunos de esos pedidos, incluyendo la protección de los servicios esenciales de la planta y de la cobertura médica de los trabajadores.
Una de las solicitudes más relevantes fue concerniente a cheques de terceros por $11.289,3 millones que la compañía mantenía caucionados en diferentes entidades financieras. Ecocarnes pidió que los bancos no utilizaran las cobranzas de esos valores para saldar deudas anteriores al concurso, permitiendo así el uso de esos fondos para gastos operativos.
La firma argumentó que necesitaba esos recursos para pagar salarios, adquirir hacienda y financiar su actividad. Sin embargo, la Justicia consideró que la información aportada era insuficiente para resolver la solicitud y requirió documentación adicional sobre las operaciones financieras y garantías establecidas.
La decisión respecto a cheques de pago diferido emitidos por Ecocarnes antes de solicitar el concurso fue distinta. La Justicia admitió una medida para impedir el pago de ciertos valores con vencimiento posterior a la presentación concursal, aunque ordenó que la empresa identificara correctamente los instrumentos alcanzados antes de notificar la disposición a los bancos.
La resolución también dispuso que AySA, CAMMESA, Naturgy, Natural Energy y Telecom Argentina no interrumpan los servicios que brindan a Ecocarnes por deudas adquiridas previo a la apertura del concurso. Esta medida incluye suministros necesarios para el funcionamiento de la planta industrial, aunque la empresa deberá hacerse cargo de las obligaciones generadas tras la apertura del proceso.
Con respecto a los contratos comerciales, Ecocarnes solicitó que se mantuvieran las prestaciones de proveedores directamente relacionados con su actividad. Entre ellos se encuentran:
La Justicia dio intervención a la sindicatura antes de tomar una determinación sobre la continuidad de esos contratos.
La situación de los trabajadores también fue tratada en el expediente. Ecocarnes admitió atrasos en los aportes y contribuciones a las obras sociales y solicitó que esa situación no causara la suspensión de las prestaciones médicas del personal y sus familias. La Justicia accedió a la protección cautelar.
Otro de los problemas presentados por la empresa está vinculado a sus operaciones de comercio exterior. Ecocarnes advirtió sobre dificultades para liberar documentación correspondiente a mercadería ya vendida y en tránsito, debido a deudas pendientes con operadores logísticos. Como explicó, esa situación impedía que los compradores recibieran los productos.
En su presentación, identificó a Maola Lacar y ALP Comex como despachantes de aduana y a Agrolog, Portland Logistics, Vision Logistics y Americana Shipping Group entre los agentes marítimos utilizados para sus exportaciones. La empresa solicitó intervención judicial para obtener la documentación necesaria y completar las entregas.
Con la apertura del concurso preventivo, Ecocarnes buscará reestructurar sus compromisos financieros y avanzar hacia la recuperación de la actividad. Actualmente, la planta de San Fernando permanece inactiva, mientras la empresa continúa las negociaciones laborales que involucran a sus 600 trabajadores.





