La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, sancionada por el Senado este jueves por la noche, introduce cambios significativos en los procedimientos de desalojo y en las normativas aplicables cuando un inquilino deja de abonar el alquiler o no se retira al expirar el contrato. Expertos analizan cómo impactará esto en los precios y qué normativa se aplicará a los alquileres existentes.
El objetivo principal de la ley en relación a los alquileres es acortar los plazos para que el propietario pueda recuperar su inmueble, a través de procedimientos judiciales más ágiles y la posibilidad de solicitar la restitución anticipada de la propiedad.
El Senado aprobó la ley durante una segunda revisión, tras modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados.
"Una parte del riesgo judicial siempre estuvo incorporada al precio. No solo en el valor del alquiler, sino en todo lo que lo rodea: garantías exigentes, depósitos altos, filtros de ingreso estrictos y, sobre todo, en que muchas propiedades no ingresaban al mercado", señala Nicolás Belgrano, asesor en inversiones de real estate y abogado especializado en M&A y mercados de capitales.
La ley sancionada prevé una intimación de 10 días de alquileres impagos. Durante ese período, el inquilino tiene la oportunidad de saldar lo que adeuda y, después de eso, el propietario podrá iniciar la demanda sumaria de ejecución y, en ciertas situaciones, solicitar la restitución anticipada del inmueble.
"Cuando un propietario considera alquilar, no evalúa únicamente cuánto cobrará. También piensa en qué sucederá si el inquilino deja de pagar y cuánto tiempo le llevará recuperar su propiedad", añade Nicolás Parreira, economista y director del Grupo Sigma.
"En Argentina, los procedimientos judiciales pueden alargarse considerablemente, y esa incertidumbre tiene un costo económico que se refleja en mayores exigencias de garantías, seguros de caución y requisitos de ingresos", indica.
"Si recuperar una propiedad se vuelve más predecible, parte de ese costo asociado al riesgo podría disminuir. No necesariamente mediante una baja inmediata del alquiler, sino a través de condiciones contractuales, oferta y oportunidades de acceso para quienes hoy enfrentan dificultades para ingresar al mercado formal", sostiene Parreira.
"El desalojo ágil puede contribuir a reducir la 'prima de incertidumbre' que aún se cobra al propietario. No espero bajas de precio solo por esta norma. Sí prevengo más oferta y competencia, y eso es lo que con el tiempo establece los valores", resalta Belgrano.
"Debería existir una flexibilización gradual de los requisitos de ingreso a un alquiler, aunque no de forma automática", considera Belgrano.
"La garantía propietaria y la exigente caución son, en esencia, un seguro contra un juicio largo y costoso. Si el juicio se acelera, ese seguro pierde valor y el propietario tiene menos razones para exigirlo", enfatiza.
"Veremos más aceptación de garantías alternativas, recibos de sueldo y depósitos razonables, pero bajo dos condiciones: que los tribunales respeten efectivamente los plazos y que el mercado observe algunos casos que demuestren que el sistema funciona. Al principio, el propietario será cauteloso y esperará evidencia antes de relajar requisitos", sostiene el experto.
Para Belgrano, "los cambios sobre desalojo no son suficientes por sí solos. Mejora el riesgo, que es un aspecto clave, pero el inversor contempla la ecuación completa: renta, riesgo, liquidez y financiamiento".
"Hoy, la renta bruta sigue siendo baja en relación al valor del inmueble, el crédito hipotecario es marginal y los costos de construcción en dólares son elevados", recalca.
"En comparación con mercados como el de Estados Unidos, donde el alquiler es considerado una inversión institucional, existe financiamiento a largo plazo, reglas previsibles y desalojos que se resuelven en semanas. La seguridad jurídica es una condición necesaria, pero no suficiente", concluye Belgrano.
"Si se suma crédito, estabilidad macro y reglas que se mantengan en el tiempo, ahí sí podría aparecer el inversor profesional que construye para alquilar, algo que en Argentina prácticamente no existe", manifiesta el experto.
"Las normas procesales, en general, se aplican a los juicios que se inicien después de su vigencia, aunque el contrato sea anterior", apunta Belgrano.
"Sin embargo, hay un matiz importante: la desocupación inmediata bajo caución juratoria, en casos de falta de pago o vencimiento, está condicionada a que el procedimiento y los plazos hayan sido acordados por las partes", alerta, y advierte que "un contrato anterior que no lo contemple podría no beneficiarse de esa herramienta".
Belgrano sugiere incluir en los nuevos contratos una cláusula clara sobre el procedimiento de desalojo, establecer domicilios electrónicos para notificaciones válidas y documentar adecuadamente los pagos.
En cuanto a los contratos vigentes, aconseja considerar una adenda de mutuo acuerdo. Por el lado del inquilino, es recomendable que revise detenidamente esas cláusulas antes de firmar, ya que ahora tienen consecuencias concretas.
Por otro lado, Parreira advierte que "las modificaciones al procedimiento nacional no significan necesariamente que los tiempos judiciales se reduzcan de manera uniforme en todas las provincias, que poseen sus propias normativas procesales."






