Después de ocho meses de debate parlamentario, el Senado sancionó la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad, que incluye la ratificación de la Ley de Tierras.
El texto logró 42 votos a favor y 26 en contra, en su mayoría provenientes del peronismo.
Este proyecto, que introduce cambios al Código Procesal Civil para endurecer los desalojos y modifica las leyes de expropiaciones, había sido votado por primera vez en el Senado en agosto.
No obstante, tras el escándalo por el fallo de la Corte Suprema que respaldó el DNU 70 de Javier Milei, el oficialismo optó por restablecer por ley los límites a la venta de tierras a extranjeros, evitando así la incertidumbre generada por el péndulo judicial.
En lugar de crear una nueva norma, se decidió agregar un capítulo a la propuesta de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, manteniendo los mismos límites de la ley vigente.
Como resultado, el texto fue aprobado con modificaciones y debió regresar a la Cámara Alta para su ratificación.
Este enfoque pragmático contradice el DNU de Milei, que derogaba la ley, así como la versión original del proyecto de Propiedad Privada enviado por Federico Sturzenegger, que eliminaba en gran parte esas restricciones.
"Hoy se nos permite dar por terminada la incertidumbre en la que quedamos expuestos por la vigencia de este decreto", expresó la senadora por Chubut, Edith Terenzi.
Por su parte, el peronista Martín Soria manifestó: "La restitución de la Ley de Tierras es fundamental pero en modo alguno va a frenar este modelo de saqueo; con este proyecto político y económico de entrega, la Argentina está desprotegida".
La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad es un proyecto propuesto por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Fue enviado al Congreso en marzo y el Senado lo votó por primera vez en agosto, luego de 17 borradores que lo fueron modificando.
El texto original contemplaba una mayor cantidad de temas, pero para lograr su aprobación debieron eliminar aspectos como la modificación del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), cambios al Régimen de Protección de Tierras Rurales, la eliminación de los límites a la compra de tierras por extranjeros y la modificación de la Ley de Manejo del Fuego, propuesta por Máximo Kirchner.
Se aprobaron, sin embargo, los capítulos que regulan los desalojos, las expropiaciones y el Registro de Propiedad del Inmueble, que promueve la digitalización de trámites.
Respecto a los desalojos, la norma contempla procesos más ágiles a través de la vía sumarísima; la posibilidad de restitución anticipada del inmueble "en supuestos de verosimilitud del derecho - bajo caución juratoria y con control judicial suficiente"; la modernización de los sistemas de notificación, incluyendo la incorporación del domicilio electrónico; y además otorga al juez mayores facultades para identificar ocupantes y asegurar la eficacia de las decisiones.
En lo que respecta a las expropiaciones, se establece que la declaración de utilidad pública debe adherir a los estándares de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.
También fija criterios para determinar el valor del bien, tomando como referencia la fecha inmediatamente anterior a cualquier acto estatal que pueda afectar su cotización y un mecanismo para actualizar el monto indemnizatorio, que considere la evolución de los precios y una tasa de interés comercialmente razonable, con el fin de preservar su valor real hasta el momento del pago efectivo.






