La controversia por la medida que restringe la participación de empresas chinas en las licitaciones estatales para adquisiciones de tecnología, y que podría ampliarse al sector privado, ha crecido en el Congreso de la Nación.
En particular, en la Cámara de Diputados, donde un grupo de 12 legisladores ha presentado un pedido para que se convoque al jefe de Gabinete, Diego Santilli.
El propósito de la solicitud es que el funcionario explique la razón detrás de la decisión del Gobierno de optar por una certificación privada estadounidense que limita a los fabricantes chinos en las compras de equipos para las redes críticas del Estado.
Así, el pedido refleja la misma preocupación que ya había movilizado a las asociaciones y entidades que agrupan a las principales operadoras telefónicas del país y a las cooperativas hacia el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), advirtiendo que si este requerimiento se extiende al mercado privado, podría generar un problema económico considerable.
La iniciativa parlamentaria fue presentada el 16 de noviembre por el diputado neuquino de Unión por la Patria, Pablo Todero, y quedó registrada como expediente 6246-D-2026.
El legislador propone que Santilli comparezca ante la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, acompañado por la secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología, Adriana Baravalle; el director Ejecutivo del Centro Nacional de Ciberseguridad, Walter Fabián; y el interventor del ENACOM, Andrés Michelazzo.
En la actualidad, el expediente está en comisiones y la aparición de Santilli dependerá del avance del proyecto.
La citación al Jefe de Gabinete se origina en la Disposición 7/2026 del Centro Nacional de Ciberseguridad, publicada el 6 de noviembre pasado.
Dicha medida establece una serie de cambios polémicos para los equipos que sostienen las redes críticas de telecomunicaciones del Sector Público Nacional, incluidas las empresas estatales, y fue justificada por el Gobierno en base a los riesgos que pueden surgir desde la fabricación hasta el soporte final de un equipo, tales como la inclusión de componentes falsificados, alteraciones de software y fallas de seguridad en las actualizaciones.
El requisito más cuestionado por las empresas del sector TIC es aquel que menciona a los equipos clasificados en niveles elevado o crítico.
En este sentido, el punto 3.1 del anexo de la norma exige que el fabricante acredite poseer la certificación TIA SCS 9001 para poder participar en las licitaciones organizadas por el sector público.
Esa norma fue desarrollada por la Telecommunications Industry Association (TIA), una entidad privada estadounidense, para evaluar cómo gestionan los fabricantes la seguridad de sus cadenas de suministro.
El anexo exige esta certificación para validar los procesos del fabricante y, ante la evaluación de la seguridad de los equipos críticos, admite de manera transitoria informes de laboratorio bajo distintos estándares internacionales.
La elección de la TIA tiene consecuencias en el ámbito comercial porque excluye de la certificación a entidades que están en listas restrictivas de Estados Unidos, entre ellas la Covered List de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) y la Entity List del Departamento de Comercio.
Dado que la primera norma incluye equipos y servicios de Huawei y ZTE, la posibilidad de que dichos fabricantes participen en ciertas compras públicas en Argentina queda prácticamente anulada, condicionado por las reglas de admisión de una entidad estadounidense.
En este marco, los diputados que han firmado el pedido de citación a Santilli desean comprender por qué el Gobierno eligió una certificación privada extranjera y por qué omitió aceptar equivalentes para los fabricantes, a diferencia de lo que hace con las pruebas de productos, donde sí hay diversas opciones.
Solicitan asimismo que el funcionario identifique los otros estándares que se evaluaron, explique qué ventajas técnicas se le atribuyeron al SCS 9001 y detalle qué estudios técnicos, jurídicos y de impacto fueron incluidos en el expediente.
También requieren información sobre qué organismos nacionales estaban involucrados y si hubo una consulta pública o formal al IRAM, a las cámaras empresariales, a las cooperativas y a las asociaciones de usuarios.
En lo que respecta al Centro Nacional de Ciberseguridad, piden que informe si se han registrado incidentes en la infraestructura crítica argentina atribuibles a la cadena de suministro de algún fabricante.
Acerca de las restricciones impuestas por la TIA, los legisladores preguntan si el organismo estaba al tanto de esas limitaciones al momento de elegir el estándar, cuáles fabricantes con equipos instalados en el país están afectados y qué opciones tienen para solicitar una revisión.
Asimismo, la consulta incluye un pedido de aclaración sobre el plazo de 36 meses en el que el proveedor puede presentar una declaración jurada y un plan de certificación, siempre y cuando la propia TIA confirme que el fabricante se inscribió para iniciar el trámite.
En este sentido, los diputados están interesados en saber si esa opción está disponible para las empresas que figuran en las listas estadounidenses.
Ellos también quieren determinar si la disposición tiene relación con la cooperación entre Argentina y Estados Unidos y si se asumieron compromisos para adoptar estándares o reemplazar equipos.
Cabe recordar que en octubre pasado, Baravalle se reunió con representantes del Departamento de Estado de Estados Unidos para abordar temas de ciberseguridad y protección de infraestructura crítica.
En esa ocasión, la titular de la Secretaría de Innovación mencionó que se buscaba avanzar hacia un acuerdo de cooperación en ciberseguridad y criptografía.
Además, el pedido político implica un inventario del equipamiento afectado en ARSAT y en la Red Federal de Fibra Óptica, junto con el costo estimado de adecuación o reemplazo.
Son conscientes de que Huawei es uno de los principales proveedores y será una de las firmas más perjudicadas si la norma se mantiene y se extiende al ámbito privado.
La empresa lleva más de dos décadas operando en Argentina, según los fundamentos de la iniciativa, y su negocio de infraestructura abarca equipos para redes móviles, transmisión de datos y fibra óptica.
De hecho, los diputados la reconocen como proveedora de Telecom, Movistar, Claro y ARSAT, y estiman que aproximadamente dos tercios de la infraestructura troncal y de acceso de ARSAT utiliza tecnología china, principalmente de Huawei y ZTE.
En este sentido, la empresa estatal señala que la Red Federal de Fibra Óptica supera los 36.500 kilómetros desplegados y los 31.500 kilómetros iluminados.
Además, conecta su red troncal con líneas provinciales y con nodos que abastecen a pymes y cooperativas que brindan Internet a hogares y empresas.
La magnitud de estos datos sugiere que cualquier dificultad para obtener repuestos o ampliar la capacidad en la red mayorista podría repercutir en esos proveedores locales, especialmente considerando que la disposición aplica los requisitos a las compras y contrataciones que se inicien una vez transcurridos 90 días desde su entrada en vigencia, el 7 de noviembre pasado.
Para los equipos que ya están funcionando, la norma contempla ajustes según el riesgo, la exposición, la vida útil y el soporte disponible, pero aclara que cualquier reemplazo requiere una decisión fundamentada y que los plazos deben tener en cuenta el presupuesto del organismo responsable.
Por lo tanto, es crucial el reclamo de los diputados sobre la presentación de un inventario público, ya que esto facilitaría la identificación de qué equipos deben intervenirse y el costo asociado a ello.
Las dudas sobre la reposición de equipos y la compatibilidad con los que ya están instalados también se extienden al mercado privado a raíz de una previsión de la norma.
Esto se debe a que el artículo 9 encomienda al ENACOM evaluar si incorpora los requisitos a la homologación de la infraestructura y a las obligaciones de los licenciatarios privados dentro del procedimiento que el ente regulador utiliza para verificar que un equipo cumple con las condiciones exigidas para su comercialización o uso, de acuerdo al régimen aplicable.
En este caso, el pedido de los diputados es para que Michelazzo explique qué política pretende implementar, si el organismo ha comenzado estudios, consultas o actuaciones administrativas y, en tal caso, cuál es el alcance, las condiciones y los plazos que se están analizando.
También indagan si, antes de tomar una decisión de escala nacional, el ENACOM evaluará el impacto sobre las cooperativas y los prestadores del interior y cuánto les costaría reemplazar equipos.
Desde el punto de vista comercial, los legisladores buscan saber si la disposición fue o será notificada a la Organización Mundial del Comercio y qué análisis se realizó sobre su compatibilidad con las normas de Mercosur.
Prácticamente al mismo tiempo que esta movida política se genera, la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET) solicita al ENACOM que abra una consulta antes de establecer nuevas obligaciones.
La entidad sostiene que el SCS 9001 tiene un uso excepcional en América Latina, citando a Costa Rica y Paraguay como ejemplos donde la exigencia causó dificultades operativas y responsabilizó a la implementación del estándar de demoras en la adopción del 5G.
La asociación también cuestiona la solidez del esquema puesto que, según sus integrantes, la incertidumbre respecto a los tiempos y las condiciones para certificarse puede obstaculizar pedidos de equipos y retrasar el despliegue de nuevas tecnologías.
Por tal motivo, han solicitado que las obligaciones se basen en estándares internacionales de trayectoria comprobada y que se evalúe el impacto que estas podrían tener en la inversión en conectividad.
La trascendencia de este reclamo se sustenta en la relevancia de esta organización gremial regional que integra empresas públicas y privadas del sector de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información (TIC) en América Latina.
Fundada en 1982 y con sede en Montevideo, Uruguay, tiene más de 40 años de experiencia fomentando la conectividad y la transformación digital en el continente.
Según un comunicado publicado en su sitio web, ASIET y sus asociados consideran que la protección de las redes "es un pilar de la soberanía y la gobernanza digital".
Por ello, proponen que las normas se orienten a resultados y que los fabricantes demuestren, mediante buenas prácticas y estándares internacionales, cómo protegen sus equipos ante accesos e interferencias no autorizadas.
La entidad sostiene que las redes actuales son seguras, que operan con múltiples capas y que su protección implica una responsabilidad compartida entre fabricantes, operadores y otros actores del sector.
"El origen de un componente por sí solo no define la seguridad de una red", asegura la organización al exigir controles proporcionales al riesgo de cada situación.
Además, considera que es fundamental determinar qué equipos serán afectados para evaluar ese riesgo.
Según ASIET, la incertidumbre sobre cómo se aplicarán estos criterios, sumada a la falta de una consulta previa con el sector en su conjunto, afecta la previsibilidad jurídica y complica la evaluación del impacto de la medida.
La asociación también invocó el principio de neutralidad tecnológica de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).
Argumenta que los estándares ampliamente reconocidos permiten integrar equipos de diferentes fabricantes y ampliar la capacidad a medida que aumenta la demanda.
A su juicio, restringir la oferta puede fragmentar el mercado, generar barreras de entrada, incrementar el costo de adquisición y mantenimiento, limitar la innovación e incidir indirectamente en la contratación de servicios con operadores locales.
Finalmente, también vinculó la pluralidad de proveedores y la p...





