La conducción de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) solicitó a la Justicia Federal una medida cautelar que suspenda la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), cuyo inicio está previsto para el 1° de diciembre. Desde el sindicato explicaron que el objetivo es proteger los derechos previsionales y de la seguridad social de millones de trabajadores activos, jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas que aportan al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
En particular, pidió que se detenga la aplicación del artículo 76 de la Ley 27.802, del artículo 24 del Decreto 408/26 y del Decreto 1228/26, junto a otras resoluciones del ARCA, advirtiendo que estas normas reducen las contribuciones patronales y afectan el financiamiento del SIPA y de los regímenes de.
El secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, afirmó que "esto no es un Fondo de Asistencia Laboral, es un Fondo de Asistencia Empresarial financiado con la plata de los jubilados" y subrayó que "con el FAL van a fundir, van a quebrar un sistema previsional que ya venía golpeado. Estamos frente a un desfinanciamiento de la ANSES sin precedentes, multimillonario.
La Justicia debe intervenir con urgencia en favor de los intereses de uno de los sectores más afectados por el ajuste de Milei, que son los jubilados".
Aguiar planteó que "a los jubilados ya les quitaron casi todo. Cobran la mínima, les sacaron los medicamentos del PAMI y ahora les quitan la plata para financiar los despidos de las empresas" y añadió que "los despidos los deberían pagar los bancos, las petroleras y las cerealeras, que han tenido ganancias siderales con el Gobierno de Milei".
La presentación del gremio demanda la suspensión de los dos artículos que requieren financiar el FAL con recursos de la Seguridad Social y que las empresas busquen otras maneras de reunir esos fondos, además de no poder tomarlos del sistema previsional.
Según ATE, parte del dinero que hoy sustenta las jubilaciones "pasaría a cuentas que manejan las empresas a través de bancos y fondos de inversión", apuntando que "ese dinero es en realidad parte del salario de los trabajadores, y debería seguir destinado a la seguridad social".
Agregó que, de acuerdo a las estimaciones del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la implementación del FAL tendría un costo para la Seguridad Social de $4.296 billones en el primer año, equivalente a 744.300 jubilaciones mínimas anuales. Destacó que este impacto se produce en un contexto de pérdida de empleo e informalidad: en marzo de 2026, de 13.471.636 trabajadores ocupados, solo el 45,2% aportó al sistema previsional.
ATE sostuvo que las normas impugnadas contradicen el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que garantiza el carácter integral e irrenunciable de la seguridad social, y afirmó que vulneran el convenio 102 de la OIT (Parte V, Vejez; Ley 27.284), que tiene rango superior a las leyes y decretos cuestionados y obliga al Estado a garantizar jubilaciones dignas con financiamiento sostenible.





