El Senado de la Nación aprobó este jueves el proyecto de fortalecimiento integral del sistema de discapacidad, una iniciativa destinada a sustituir el esquema de emergencia por un régimen permanente que establece nuevas garantías para las personas con discapacidad y las instituciones que prestan servicios al sector.
La ley recibió 71 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Entre sus objetivos principales se encuentran garantizar la continuidad de las prestaciones, establecer mecanismos de financiamiento, mejorar la coordinación entre la Nación y las provincias, así como reforzar la supervisión sobre las pensiones.
Un aspecto clave de la normativa es la actualización del régimen de pensiones no contributivas por discapacidad. El texto incluye específicamente a las personas incapacitadas para trabajar como beneficiarias y define criterios concretos para el acceso a estas prestaciones, los cuales abarcan condiciones de residencia, ingresos y evaluaciones socioeconómicas.
Asimismo, señala que las pensiones por invalidez laboral y discapacidad equivaldrán al 70% de la jubilación mínima garantizada, con un mecanismo de actualización automática vinculado a la normativa previsional.
Otro de los cambios significativos es que la nueva ley establece que será compatible el cobro de una pensión por discapacidad con el trabajo formal, siempre que los ingresos de la persona beneficiaria no superen el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles.
Con ello, se busca facilitar que quienes perciben una pensión puedan ingresar al mercado laboral sin perder automáticamente ese ingreso.
La legislación también incluye un sistema de auditorías periódicas sobre las pensiones. Para tales procedimientos, se establecen garantías de notificación fehaciente, un lapso para presentar descargos y la posibilidad de una suspensión preventiva solo una vez transcurrido ese período.
En el ámbito presupuestario, la norma determina que las futuras leyes de presupuesto deberán prever los recursos necesarios para mantener las prestaciones del sistema. También establece que el ingreso por beneficiario no podrá reducirse en términos reales con respecto al ejercicio anterior.
Además, autoriza al Poder Ejecutivo a realizar ajustes presupuestarios cuando los recursos asignados sean insuficientes para garantizar la continuidad de la cobertura.
En el área de salud, se garantiza a los titulares de pensiones no contributivas el acceso a un programa de atención sanitaria que abarque todas las prestaciones básicas establecidas en la Ley 24.901, lo que incluye la continuidad de tratamientos y servicios especializados.
La legislación también incorpora una instancia de coordinación permanente entre la Secretaría Nacional de Discapacidad y el Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS), con la participación de las provincias en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas.
Otros elementos que se prevén son la capacitación obligatoria para el personal de las instituciones y los prestadores que integran el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral.
Uno de los reclamos más comunes de las instituciones que colaboran con personas con discapacidad se relaciona con las deudas acumuladas por el Estado.
En este sentido, la ley estipula que el Poder Ejecutivo deberá difundir un cronograma para la cancelación de las compensaciones pendientes. Durante el debate, el senador oficialista Agustín Monteverde especificó que las obligaciones acumuladas con los prestadores ascienden a aproximadamente 278.300 millones de pesos.
También mencionó que los aranceles para los prestadores se actualizarán de acuerdo al índice de movilidad y un estudio de costos.
Según precisó, el Estado deberá comunicar el cronograma de pagos dentro de los 30 días y saldar la deuda en un plazo máximo de 90 días corridos.
Monteverde afirmó que la iniciativa pretende reemplazar la emergencia por reglas estables y predecibles. "Este proyecto no implica ningún recorte, sino que es el resultado de un amplio consenso", sostuvo durante su presentación.
Pese a la aprobación unánime de la propuesta, el tratamiento estuvo marcado por críticas de diversos sectores de la oposición, que manifestaron incertidumbres sobre el financiamiento real del sistema y la situación presupuestaria de las prestaciones.
La senadora Alicia Kirchner manifestó que las personas con discapacidad deberían ser vistas como titulares de derechos y no solo como beneficiarias de políticas públicas. También advirtió que la aprobación de una ley no garantiza automáticamente la restauración de los derechos vulnerados.
Por su parte, la senadora Lucía Corpacci criticó la política del Gobierno nacional en el área de discapacidad y puso en la mira los recursos destinados al programa Incluir Salud.
"¿Cómo van a hacer para pagar la prestación que adeudan y al mismo tiempo pagar la prestación real si no cambian eso en el Presupuesto?", se preguntó al señalar un recorte real del 13% en ese programa.
El senador chaqueño Jorge Capitanich también planteó dudas sobre la implementación y señaló que el problema principal del sector reside en el endeudamiento acumulado en las prestaciones sociales.
En tanto, Eduardo "Wado" de Pedro consideró que la aprobación es un avance, aunque sostuvo que aún queda pendiente la discusión de una política integral para las personas con discapacidad y sus familias.
Desde el interbloque Popular, Juliana Di Tullio definió la nueva legislación como "el resultado de la lucha popular de las personas con discapacidad y sus familias".
Así, el Congreso aprobó un nuevo marco normativo para el sistema de discapacidad, con compromisos sobre financiamiento, pensiones, cobertura sanitaria y cancelación de deudas. La implementación y el cumplimiento de las obligaciones presupuestarias serán fundamentales para determinar el alcance real de las medidas.





