En una extensa sesión que reunió un variado temario, el Senado aprobó por unanimidad el proyecto sobre discapacidad, que establece un marco regulatorio para la atención y prestaciones del sector. Esta propuesta, que surgió inicialmente en respuesta a la emergencia, adquirirá, a partir de ahora, carácter permanente.
Con 71 votos a favor y cero en contra, el proyecto, que ya había recibido un apoyo casi unánime en la Cámara de Diputados, con 237 votos, obtuvo su definitiva sanción esta tarde.
Durante la jornada, tanto los integrantes del oficialismo como la oposición coincidieron en la necesidad de avanzar con la ley, aunque desde algunas bancadas opositoras expresaron que el debate aún no se ha cerrado y que la iniciativa es “perfectible”.
Varios legisladores retomaron en sus discursos las palabras del papa León XIII, que dijo en su visita al Cottolengo Don Orione de Claypole: “El progreso de la patria se mide en la capacidad de acoger a las personas con discapacidad y necesidades diferentes”. Esta frase fue una de las más repetidas durante el debate.
En ese sentido, la senadora del PJ Ana Marks solicitó que “no se transformen en palabras vacías”, mientras que el radical bonaerense Maximiliano Abad hizo un llamado a traducir ese mensaje en acciones concretas. “Tenemos que sembrar la esperanza del papa León con decisiones concretas que transformen la vida de los sectores más vulnerables”, sostuvo.
Sin embargo, algunos expresaron su escepticismo respecto a un posible entendimiento entre el Sumo Pontífice y el presidente Javier Milei sobre este tema. Desde la bancada peronista, se cuestionaron las intenciones del Gobierno, considerando un “repentino y simulado interés”, además de plantear dudas sobre el cumplimiento efectivo de la ley, recordando el veto anterior del Poder Ejecutivo, que había sido rechazado por ambas cámaras y derivó en una posterior judicialización.
“Hay que ver la reglamentación, el financiamiento y si cumplen. Porque cuando uno sigue el discurso del Presidente lo que escucha es un desprecio permanente a las personas con discapacidad”, indicó el diputado de Unión por la Patria Eduardo “Wado” de Pedro.
No obstante, el consenso alcanzado en ambas cámaras representaría un obstáculo para un eventual veto del Ejecutivo, dado que el oficialismo probablemente no podría reunir los apoyos necesarios para sostenerlo. Además, una decisión de ese tipo podría generar una encrucijada para varios legisladores libertarios que lideraron las negociaciones para avanzar con un proyecto “superador”.
Un ejemplo de ello es la diputada María Laura Rodríguez Machado, conocida como una de las principales figuras legislativas de Martín Menem en Diputados, quien encabezó las conversaciones para llegar a un acuerdo.
Durante la sesión en la Cámara baja, la legisladora cordobesa y su colega libertaria Giselle Castelnuovo, con buena comunicación con Karina Milei, promovieron el diálogo con representantes de Unión por la Patria para concretar una serie de cambios que lograron el respaldo de casi toda la bancada peronista, que hasta entonces impulsaba la prórroga de la emergencia.
Por su parte, la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, aceleró el tratamiento en la cámara al difundir un mensaje en redes sociales que confirmaba que su bancada ya estaba “lista” para abordar la ley de discapacidad, un día después de la finalización de la visita del Papa al país.
Sus afirmaciones se dieron en un contexto de distanciamiento legislativo tras uno de los enfrentamientos más significativos con el Gobierno. Entre los diversos cambios que experimentó la iniciativa, el más relevante ocurrió cuando el Ejecutivo envió al Congreso el Presupuesto 2027, que contenía modificaciones que derogan aspectos centrales del proyecto que se estaba negociando.
Esta contradicción provocó la ira de Bullrich, quien advirtió: “No me tomen por tonta”. Sus críticas estaban dirigidas a parte de la mesa política, que, según la ex-pro, no le habían informado sobre la inclusión de un artículo que contradecía lo acordado en el Congreso.
Entre los aspectos más destacados, la ley asegura la actualización mensual del nomenclador de prestaciones por inflación, algo que había sido eliminado en el proyecto de Presupuesto 2027.
Además, la iniciativa establece los requisitos para acceder a las pensiones por discapacidad, que hasta ahora eran determinados por el Poder Ejecutivo. Entre estos, se exige contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), realizarse una evaluación socioeconómica y no recibir ingresos individuales iguales o superiores a dos salarios mínimos.
La ley también mantiene la vigencia de la Ley 26.816, que regula el empleo protegido para personas con discapacidad, y refuerza el respaldo presupuestario. En caso de que las asignaciones del Ministerio de Salud sean insuficientes, se podrán utilizar fondos del Tesoro. También se establecerán mecanismos para evitar que los recursos asignados por beneficiario pierdan valor frente a la inflación.
Otro de los ejes centrales es la deuda acumulada con los prestadores. El Ejecutivo tendrá un plazo de 30 días desde la entrada en vigencia de la ley para presentar un cronograma de pagos y un plazo máximo de 90 días para cancelar las compensaciones pendientes.
En materia de pensiones por invalidez, la iniciativa garantiza a todos sus beneficiarios el acceso a las prestaciones médicas básicas del programa Incluir Salud.
Al inicio de la sesión, el peronismo tomó la palabra y logró acordar que durante la próxima sesión, que está prevista para el jueves 26 de noviembre, en la que se analizará la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), se incluya en el temario la media sanción que busca prevenir la ludopatía, así como una prórroga del Estatuto del Periodista.
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